En víspera de cumplirse el 50 aniversario de que el pueblo de Cuba, tras tenaz y larga lucha por conquistar su verdadera independencia, logró desplazar del poder a la sangrienta dictadura que lo oprimía con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos de América y del inicio del más profundo proceso de transformaciones políticas, económicas y sociales en la historia del país, el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos se mantiene como el más nítido exponente de una política cruel e inhumana, y carente de toda legitimidad y legalidad, cuyo objetivo ha sido la destrucción de la Revolución cubana por cualquier medio posible, incluso mediante el hambre y el estímulo de la desesperación en la población cubana.

Por sus objetivos oficialmente declarados y encubiertos, por su alcance y por los medios y acciones para conseguirlos, el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba califica como un acto de genocidio de acuerdo con lo estipulado por la Convención de Ginebra para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, y como un acto de guerra económica según lo establecido en la Conferencia Naval de Londres de 1909.

Como confirman 16 resoluciones consecutivas de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es violatoria de los propósitos y principios de la Carta de esta Organización, de los principios del derecho internacional que norman las relaciones entre Estados soberanos, y de los principios sobre la libertad de comercio y navegación internacional consagrados en disímiles instrumentos internacionales.

La recrudecida naturaleza extraterritorial de esta política, particularmente bajo la administración del presidente George W. Bush, es también -en grado significativamente creciente- lesiva a la soberanía de terceros Estados y a los intereses legítimos de entidades y personas bajo la jurisdicción de estos.

Desde la adopción de la resolución 62/3 por la Asamblea General, el 30 de octubre de 2007, hasta la fecha, se han mantenido y reforzado las principales direcciones del bloqueo contra Cuba, manifestadas en mayores sanciones económicas y persecución a la actividad empresarial y a las transacciones financieras internacionales, incluidas las operaciones destinadas a saldar las cuotas de Cuba con los organismos internacionales de las Naciones Unidas, la usurpación de marcas comerciales cubanas y mayores presiones y represalias contra quienes comercian con Cuba o se vinculan con ella en intercambios culturales y artísticos. El gobierno de los Estados Unidos ha pasado a una fase más abierta y peligrosa de organización y ejecución de operaciones subversivas, tanto por vías oficiales como no oficiales, como fuera previsto en el Plan del presidente Bush para la recolonización de Cuba y en su posterior actualización del 10 de julio de 2006.

Justamente el discurso pronunciado por el presidente de los Estados Unidos el 24 de octubre de 2007, a solo unos días de que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara su más reciente resolución instando al gobierno de ese país a levantar el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, fue claramente indicativo del curso y acentos que tendría la política norteamericana hacia Cuba en el último período de la administración Bush, en franco desprecio a la voluntad de la comunidad internacional.

Además de esbozar una imagen ridículamente inverosímil de la realidad cubana, en correspondencia con el propósito de satanizar la imagen del país y fabricar un pretexto a la continuidad de una política cada vez más cuestionada, el presidente estadounidense confirmó que "la palabra clave para nuestras relaciones futuras con Cuba no es estabilidad. La palabra clave es libertad". Puso al descubierto la decisión de recurrir incluso a la fuerza, si la misma fuera necesaria para socavar la voluntad de resistencia del pueblo cubano y recolonizar al país, o lo que es lo mismo, producir un "cambio de régimen" en consonancia con la doctrina agresiva y hegemónica de los actuales inquilinos de la Casa Blanca.

En su demencial conducta intervencionista y en clara señal de frustración por lo que considera un escaso apoyo internacional a su ilegal empeño, el señor George W. Bush lanzó un nuevo llamado para sumar cómplices a su política de hostilidad y agresiones al pueblo cubano.

El recrudecimiento de la campaña política y mediática de la actual administración norteamericana contra Cuba, que supera todo precedente, fue confirmado en la intervención anticubana del presidente Bush en la Casa Blanca, el pasado 21 de mayo de 2008.

En el contexto de esta estrategia, cabe destacar la nueva gira realizada por la Sub-Secretaria de Estado, Kirsten Madison y el pro-cónsul para la recolonización "virtual" de Cuba, Caleb McCarry, entre el 7 y el 16 de abril del presente año a las capitales de varios países europeos.

Los referidos personeros de la política anticubana de Washington, concentraron sus esfuerzos en impedir el cese de las sanciones injustamente impuestas por la Unión Europea en el año 2003, desestimular las visitas de altos dirigentes europeos a Cuba, e imponer el endoso a la política anticubana de Estados Unidos en el diálogo trasatlántico con la Unión.

Para destruir el orden constitucional establecido y refrendado por el pueblo cubano, objetivo medular de la política de bloqueo económico, comercial y financiero, el gobierno de los Estados Unidos ha desplegado todos los medios a su alcance para reclutar, organizar y financiar a personas nacidas en Cuba, que actúan como asalariados de la política de hostilidad y agresiones de Estados Unidos contra la nación cubana. Cuba ha presentado evidencias y pruebas contundentes de estos hechos, que no han podido ser refutadas por la Administración estadounidense.

La Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), ha sido uno de los instrumentos utilizados para canalizar el dinero que paga la nómina de mercenarios de Estados Unidos en Cuba, involucrando directamente en estas operaciones a la Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana.

El 14 de mayo de 2008, dicha Agencia federal convocó una reunión en su sede en Washington, con el fin de distribuir 45 millones de dólares adicionales que han sido asignados por la administración Bush a la guerra no declarada contra el pueblo cubano.

El Jefe de la USAID para Latinoamérica, José Cárdenas, ex directivo de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) -establecida por indicaciones de la administración Reagan y comprometida en la organización y financiamiento de varias acciones terroristas contra Cuba -, dirigió la referida reunión. En la misma, fueron asignados fondos federales adicionales para identificar a otras ONG en terceros países, con el objetivo de contratar sus servicios en función de la agresión a Cuba.

Al destacar la significativa expansión del Programa anticubano de la USAID, el Jefe de la Agencia para América Latina subrayó que el presupuesto, que había sido de 13 millones de dólares en el 2007, ha sido elevado a 45 millones en el año fiscal 2008, como expresión de la prioridad que concede la administración Bush al derrocamiento de la Revolución del pueblo cubano.

Como si fuera poco, ahora el gobierno de los Estados Unidos utiliza a sus representantes diplomáticos en La Habana para trasladar dinero, procedente de organizaciones reconocidamente terroristas radicadas en el territorio norteamericano, a grupos subversivos en Cuba, como fuera recientemente denunciado por el gobierno de la República de Cuba.

En los capítulos subsiguientes de este Informe, se presenta información actualizada sobre las consecuencias del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba, en el período comprendido desde la adopción de la resolución 62/3 hasta el 31 de mayo de 2008, cuyo rasgo esencial está tipificado por el reforzamiento de la política dirigida a destruir la Revolución Cubana. Se llama la atención de que no ha sido posible incluir en este documento un número significativo de ejemplos del nefasto impacto del bloqueo de Estados Unidos a Cuba, para evitar nuevas represalias o daños colaterales a proveedores e instituciones de terceros países que mantienen vínculos económicos, comerciales y financieros con Cuba, en apego al derecho internacional y resistiendo las presiones extraterritoriales que se derivan de la guerra económica que sostiene el Gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano y su vocación de libertad, independencia y soberanía.