El proyecto de resolución titulado "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba" será presentado por el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque.

En la parte introductoria de ese documento, aparece destacada la preocupación por la promulgación y aplicación por parte de Estados Unidos de legislaciones y disposiciones reglamentarias de alcance extraterritorial como la Ley Helms-Burton.

En la 16 votación de este proyecto en 2007, la demanda de cesar esa política coercitiva estadounidense contra Cuba recibió un respaldo casi unánime de la Asamblea General cuando 184 de sus 192 miembros votaron a favor.

Estados Unidos estuvo secundado solo por Israel, Islas Marshall y Palau en su oposición a ese proyecto de resolución, mientras que Micronesia se abstuvo y Albania, El Salvador e Iraq estuvieron ausentes.

Un portavoz oficial cubano indicó que "por decimoséptima ocasión, la comunidad internacional tendrá la oportunidad de expresar nuevamente su condena a la política genocida de bloqueo que el gobierno estadounidense mantiene contra nuestro país".

La aplicación de esa política por casi 50 años contra Cuba "constituye el principal obstáculo para el desarrollo económico y social del país y una flagrante violación de los derechos humanos de todo el pueblo cubano", indicó.

Pero a pesar del reiterado rechazo de la Asamblea General al bloqueo económico contra Cuba, Washington continúa la aplicación de esa medida coercitiva de manera impune porque las decisiones de este alto organismo de la ONU no son de obligatorio cumplimiento.

El proyecto de resolución expresa preocupación por el hecho que después del rechazo al bloqueo a Cuba durante 16 años consecutivos, las autoridades estadounidenses continúan promulgando y aplicando nuevas medidas para reforzarlo.

En declaraciones a Prensa Latina sobre este tema, el presidente de la Asamblea General, el diplomático nicaragüense Miguel d’Escoto, se refirió a este hecho como un de los casos que explican la necesidad de reforma requerida por la ONU.

"La idea de que la clara e inequívoca voz de la Asamblea General debe ser tomada como una simple recomendación sin ninguna obligatoriedad debe ser enterrada para siempre", expresó d’Escoto.