Si nos guiamos por las cifras aportadas por el sitio digital español Rebelión, el cual sustenta que 20 000 norteamericanos mueren cada año como consecuencia de las drogas y decenas de miles van a parar a la cárcel, entonces al concluir sus ocho años en la Casa Blanca, el próximo mes de enero, George W. Bush se llevará para su rancho de Texas otro récord macabro: alrededor de 160 000 fallecidos, víctimas del fracaso de una equivocada y manipulada "guerra contra el narcotráfico".

No obstante, los cálculos pudieran ser inexactos de acuerdo con informes citados por organizaciones no gubernamentales estadounidenses opuestas a la actual política antinarcóticos, que apuntan que si en 1990 los muertos por sobredosis eran 10 000 anuales, una década después ascendían a 20 000 y en el 2005 sobrepasaban la cifra de 33 000, lo que ubicaba a este indicador como la segunda causa de muerte, después de los accidentes del tránsito (43 667) y había desplazado al tercer lugar a los hechos de sangre con armas de fuego que provocaron ese año 30 694 fallecidos.

De esta otra confrontación perdida por la administración estadounidense alertaba desde el 2005 un riguroso estudio de la Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA), denominado Las drogas, la democracia y los derechos humanos, que criticaba el incremento de los gastos y los muertos, la militarización del enfrentamiento y el escaso impacto en tratar de disminuir los niveles de consumo dentro de EE.UU.

Lo ratifican los datos anuales de los últimos informes de los organismos especializados de la ONU, cada vez más alarmados por la consolidación del posicionamiento de EE.UU. como principal consumidor mundial de drogas, que al mismo tiempo disputa los primeros lugares planetarios en el tráfico de cocaína y la producción de marihuana, al extremo de convertirse en el cultivo más rentable del país, por encima del maíz, la soya y el heno. Se plantea que en el 2005 se produjeron 10 000 toneladas de marihuana, diez veces más que en 1981, y que la producción anual actual asciende a 35 800 millones de dólares.

Pero en el paraíso del mercado, los estadounidenses gastan anualmente 65 000 millones de dólares en la compra de sustancias ilícitas, según la Oficina de Política Nacional para el Control de las Drogas de la Casa Blanca. Ello confirma que el "combatido" tráfico de drogas es un componente económico más, que mientras salpica a los grandes bancos, estimula el constante crecimiento de las 300 000 organizaciones y bandas que viven en ese país del control del negocio.

Según Rebelión, anualmente quedan en bancos estadounidenses cerca de 80 000 millones de dólares resultantes del lavado de dinero procedente del narcotráfico, que tiene por escenarios fundamentales a Nueva York, Houston, San Antonio, El Paso, Los Ángeles y Miami.

Un editorial del diario The New York Times, publicado en julio, cuestionaba abiertamente las políticas antinarcóticos de Bush, al señalar: "Hay serios problemas con la estrategia que se centra sobre todo en interrumpir el abastecimiento de drogas, mientras hace muy poco en reducir la demanda interna".

Recordaba el periódico que en el 2007, Washington gastó 1 400 millones de dólares en ayuda extranjera relacionada con el combate a las drogas, la mayor parte para equipar a las fuerzas armadas de Colombia, y acabar con el cultivo de hoja de coca en los Andes. A lo que se suman otros 7 000 millones en aplicar la ley tanto en EE.UU. como en el exterior. Sin embargo, el gobierno gasta menos de 5 000 millones de dólares en educación, prevención y tratamiento para acabar con el consumo de drogas entre los jóvenes y adictos.

En ese sentido, el catedrático Jon Gettman, de la Universidad George Mason, en Virginia, sostuvo en un estudio reciente, basado en los datos oficiales del gobierno norteamericano, que el pasado año hubo 14,5 millones de fumadores de marihuana en comparación con los 14,6 millones en el 2002, pero el número de estadounidenses que han consumido esa droga en algún momento de sus vidas aumentó de 95 millones en el 2002 a más de 100 millones en el 2007. Según la investigación, la cantidad estimada de consumidores de drogas ilícitas el pasado año en EE.UU. fue de 35,7 millones, el 14,4% de la población.

Agrega que igualmente sigue siendo alto el consumo de marihuana entre adolescentes, a pesar de que su reducción constituía una meta declarada del Gabinete de Política Nacional de Fiscalización de Drogas de la Casa Blanca. Destaca que más de uno de cada nueve niños (12%) con 14 y 15 años, y uno de cada cuatro (23,7%) de los que tienen 16 y 17 consumieron marihuana en el 2007. Pero lo más perturbador es que 472 000 niños de 12 y 13 años y 627 000 de 14 y 15 que no consumieron marihuana en el 2006, son asiduos a otras drogas ilegales, fundamentalmente inhalantes y analgésicos.

Concluye el estudio de Gettman que "el gobierno de Bush no ha logrado reducir ni fiscalizar el consumo de marihuana en Estados Unidos". "Se han distorsionado cambios marginales respecto al consumo de marihuana y otras drogas para sustentar falsas afirmaciones de que se ha logrado progreso gradual en la reducción del consumo... En esencia, el consumo de marihuana es el mismo que cuando el gobierno de Bush tomó posesión y el consumo total de drogas ilícitas ha aumentado", sentenció.

A principios de este mes la encuestadora norteamericana Zogby International revelaba que las tres cuartas partes de una muestra de votantes consultados recientemente mostraron enorme insatisfacción con esa guerra que "determina la reclusión de millones de ciudadanos" y "tiñe la relación de EE.UU. con algunos países latinoamericanos". La agencia AP señalaba en abril de este año que casi el 60% de los encausados por tráfico de cocaína son hispanos, y el 80% de los que fueron a prisión por esos delitos entre 1992 y el 2006 son negros.

A todo lo anterior se suman los reclamos dentro de los propios EE.UU. y América Latina de un replanteamiento de la "guerra antidrogas", a partir de cuestionamientos a la efectividad de su estrategia hacia el continente y del Plan Colombia, después de una inversión superior a los 9 000 millones de dólares, la fumigación de un millón de hectáreas y de los "daños colaterales".

La gravedad de los efectos del narcotráfico para la sociedad norteamericana en particular (por las dimensiones del fenómeno en ese país) y para el mundo en general por la globalización de su impacto, no se resuelve sin una verdadera voluntad política, aunque se llenen millones de páginas de documentos oficiales, se aprueben leyes, programas y presupuestos que luego no tendrán el respaldo y la seriedad suficientes.

Coletta A. Youngers, editora del libro Las drogas, la democracia y los derechos humanos, publicado por la WOLA en el 2005, había augurado el fracaso de la "guerra antidrogas" de la administración Bush a partir del reconocimiento de una realidad: "La política interna echa leña al fuego con respecto a una estrategia que se ha vuelto fracasada y errónea. En Washington se diseñan las políticas antidrogas con el objeto de ganar votos en periodos de elecciones y de obtener resultados a corto plazo que sirven para justificar los presupuestos y el personal asignado. Los políticos siguen creyendo que al presentar una posición dura frente a las drogas logran una mejor imagen ante los votantes que si reconocen los fracasos de una política en la cual los contribuyentes de EE.UU. han invertido miles de millones de dólares".