Mucho se habla de los nefastos efectos de los huracanes Gustav y Ike en viviendas, cosechas, instalaciones y redes eléctricas y en las comunicaciones¼ sin embargo, también han tenido impacto en el comportamiento de algunas personas, lo que ha demandado actuación judicial.

Aprovechándose de la situación, personas inescrupulosas empezaron a especular con los precios de los productos alimenticios, a acaparar recursos; a sustraer cables telefónicos, eléctricos y angulares; a usurpar inmuebles y sacrificar ilegalmente ganado mayor.

También se han dado casos de apropiación de materiales de la construcción asignados para la recuperación, desórdenes y otras actividades económicas ilícitas.

Mientras la mayoría del pueblo está enfrascada en reconstruir poblados, levantar fábricas y sembrados, algunos cometen delitos e indisciplinas sociales. Esto conllevó la necesidad de atemperar la política de enfrentamiento a tales conductas, a la situación especial que vivimos y, en consecuencia, elevar el rigor y la eficacia de la actuación de los tribunales.

Hacia ahí va dirigida la Instrucción 188, emitida por el Consejo de Go-bierno del Tribunal Supremo Popular el pasado 22 de septiembre.

La palabra clave es atemperar, afirma el licenciado Eduardo Rodríguez González, vicepresidente de ese órgano judicial. Los tribunales están actuando con mayor severidad, pero no en todos los casos, si no contra quienes pretenden obtener provecho personal ilícito en el escenario particular creado en cada territorio al paso de los huracanes.

Al juzgar los hechos que revistan estas características, los jueces valoran la aplicación de la circunstancia agravante prevista en el artículo 53. e) del Código Penal: "Cometer el hecho aprovechando la circunstancia de una calamidad pública o de un peligro inminente de ella, u otra especial".

También tienen en cuenta si debe aplicarse la agravación extraordinaria que prevé el artículo 54 en su apartado 2, la cual permite al tribunal aumentar hasta la mitad el límite máximo de la sanción cuando concurran varias circunstancias agravantes o se manifiesta una de ellas de manera muy intensa.

Casi la totalidad de los delitos que poseen las características mencionadas, han sido juzgados hasta el momento —por su competencia— en los tribunales municipales. Las estadísticas muestran cómo en esa instancia judicial se están enfrentando con mayor severidad.

De enero a agosto del presente año, las condenas de privación de libertad se impusieron, como promedio, al 15% de los sancionados; el trabajo correccional con internamiento al 3%, sin internamiento al 14%, limitación de libertad al 6% y multas al 56%.

La situación es ahora diferente. Por ejemplo: entre el 23 de septiembre y el 3 de octubre, al 24,5% de los sancionados se les impuso privación de libertad; trabajo correccional con internamiento al 21,3%; sin internamiento al 40,1%; limitación de libertad al 3,4% y multas al 10%.

Según la Instrucción 188, la sanción de trabajo correccional deberá cumplirse, como regla general, en labores de fuerte impacto social, entre ellas: construcción, agricultura y servicios comunales.

A estas condenas, en los casos que corresponda, se les suma el comiso de los instrumentos empleados para cometer el delito y los bienes recibidos por él, o la confiscación de otras pertenencias.