En la medida que avanzan los debates, sigue aumentando la comprensión y el consenso mayoritario en los colectivos acerca de la imperiosa necesidad de modificar la legislación vigente con los cambios propuestos, sostiene el también integrante del Buró Político.

Pese a la inevitable interrupción por los huracanes Gustav y Ike, hasta la fecha pasan de 40 000 las asambleas efectuadas —más del 50% de las previstas—, con la participación de un millón y medio de afiliados (más del 90% de asistencia), y la realización de decenas de miles de intervenciones, como muestras del interés existente.

A este saldo contribuyen el apoyo de los medios de difusión y la preparación previa, durante julio y agosto, de los dirigentes sindicales que conducen el proceso y de los trabajadores, quienes estudiaron con tiempo los materiales publicados.

El debate, señala Valdés, ha permitido informar, aclarar dudas, intercambiar criterios y recoger las sugerencias para contribuir a mejorar el texto. El diálogo está transcurriendo "sin limitar a ningún trabajador en sus intervenciones, como expresión de la democracia sindical que preside este ejercicio, en el que toda propuesta es sometida a aprobación".

Al final de cada encuentro, los participantes han votado mayoritariamente en favor de la necesidad de modificar la ley vigente y perfeccionar el sistema de la seguridad social, adecuándolo al entorno socioeconómico, como vía para solucionar hacia el futuro la situación con la reposición de la fuerza laboral que se enfrentará a la vuelta de pocos años, dado el envejecimiento poblacional en Cuba.

Las asambleas, insiste, están ayudando a aumentar la comprensión sobre lo imprescindible que resulta el cambio propuesto: alargar la vida laboral, mediante la extensión de los años y el tiempo de servicios para la jubilación, porque en el mediano y largo plazos —ya en el corto en algunos territorios— no habría reposición de los recursos laborales al salir de su vida activa más trabajadores de los que la iniciarían. Esto es lo esencial de la consulta.

Y está claro que no podemos aspirar a que todo lo planteado se proponga e incluya, aclara Valdés. Hay propuestas, advierte, que van contra el asunto principal, que no resuelven la reposición de la fuerza laboral y, por tanto, no son factibles.

Muchas inquietudes de ese tipo han sido esclarecidas en las propias asambleas. Si no hay fuerza de trabajo no habrá desarrollo económico y social y, por ende, desaparecerían las fuentes que sustentan el sistema de seguridad social y las conquistas de la Revolución, subraya el dirigente.

Aunque resultan variados los planteamientos, buena parte de las sugerencias se refieren a no extender la edad de jubilación. Por ejemplo, que en lugar de incrementar la edad, se aumenten los años de servicio. Esto, explica el Secretario General de la CTC, no solucionaría el problema de la reposición. El propósito es que el trabajador continúe en su puesto por más tiempo, teniendo en cuenta que tiene mayor expectativa de vida, se encuentra vital y puede seguir aportando.

El anteproyecto, reitera, incorpora y aumenta beneficios en muchos órdenes para recompensar esos años más de trabajo que se están proponiendo, de manera que, al momento de la jubilación, se reciba una pensión adecuada en correspondencia con el aporte realizado.

Otra sugerencia frecuente es la ampliación de los años a tomar como base para el cálculo de la pensión. Se proponen 10, y algunos han planteado llevarlos a 15 ó 20. Este, entre otros, es un planteamiento que puede analizarse, comentó, pues no se contrapone a la extensión de la vida laboral.

El periodo de tránsito constituye otro tema reiterado. Valdés explicó: es necesario, si no hay un incremento gradual, serían 5 años de aumento de un día para otro. Se entiende. Hay algunas sugerencias, no obstante, que tendrán que estudiarse a profundidad, porque todas pasan por el prisma de su viabilidad económica.

Hoy están protegidos por nuestro Sistema de Seguridad Social más de 1 millón 600 000 personas, para lo que se destinan casi 5 200 millones de pesos, un monto significativo del presupuesto estatal, por tanto, cualquier incremento pasa por los cuantiosos gastos sociales en que incurre el Estado.

Si en el tránsito se dan todos los beneficios propuestos, por un lado, se estimularía una jubilación incesante, y por otro, no solucionaría la continuidad en el trabajo dado el envejecimiento de la fuerza laboral, además del aumento de los gastos presupuestarios. Son cuentas que hay que sacar.

Valdés se refirió al porqué se plantea que el jubilado que se reincorpore al trabajo no lo haga en su mismo puesto, salvo las excepciones autorizadas. No resolvería el alargamiento de la vida laboral que se busca. El asunto no es estimular que se jubile, sino que permanezca en su puesto de trabajo.

En igual sentido, con disímiles y hasta humanamente justas aspiraciones, gira el planteamiento en torno a favorecer la jubilación de la mujer, mantener la edad y el tiempo de servicios de la ley vigente, tomando en cuenta su papel de reproductora y otras obligaciones familiares y domésticas, etc.

Elevar a 60 años la edad de jubilación de la mujer es comprensible, si se tiene en cuenta que representa el 46% de la fuerza laboral y el 66% de la fuerza técnica del país, pero hay sectores, incluso —Salud, Educación y otros—, donde esta proporción es mucho mayor, señaló. Si no lo hiciéramos, no resolveríamos su reposición y en esas esferas se crearían problemas muy graves. Según estudios y estadísticas la expectativa de vida de la mujer es cuatro años superior a la del hombre, lo que la sitúa en condiciones físicas de seguir aportando al país. Lo que sí se mantiene en la legislación propuesta es que se jubilaría con cinco años menos que los hombres.

Acerca de las condiciones de trabajo, motivo de intervenciones en casi todas las asambleas, el Secretario General de la CTC es categórico: En todos estos años de periodo especial, las limitaciones económicas produjeron deterioros sensibles en las condiciones de trabajo. Resulta lógico y válido que se aborde este tema que, aunque relacionado, no es competencia de esta ley.

Este asunto requiere, tiene y tendrá mayor atención por parte del sindicato y la administración, para que se busquen soluciones, se humanice el trabajo, se eliminen las condiciones anormales, pero corresponde al conjunto de la economía ir encarando y resolviendo estos problemas.

Respecto a las numerosas propuestas de inclusión en la denominada categoría 2, de profesiones y oficios con mayor desgaste físico (por altura, profundidad, temperatura, intensidad), protegidos en la ley vigente, Valdés aclaró que serán estudiados, a partir de que sean casos concretos con esas características intrínsecas al puesto laboral, y nunca serían considerados masivamente para una rama o sector.