.—
Una comisión de parlamentarios bolivianos continuó hoy las
discusiones de la nueva Constitución en busca de aprobar cuanto
antes una ley de convocatoria para un referendo sobre ese proyecto y
el tema agrario.
Según informó a Prensa Latina el jefe de bancada del gobernante
Movimiento al Socialismo (MAS) en el Senado, Félix Rojas, el debate
se centrará en la valoración de las propuestas de los congresistas
opositores.
Los legisladores del MAS escucharán las sugerencias de sus
homólogos de otros partidos para modificar el texto constitucional y
agilizar la celebración de ambas consultas, una demanda de muchos
sectores sociales.
Este sábado la llamada mesa de concertación deberá brindar al
presidente del Parlamento y vicemandatario del país, Alvaro García,
y los titulares de las cámaras alta y baja un informe de los avances
logrados en los primeros encuentros.
Hasta el momento se desconocen los resultados de esas labores,
pues los participantes se rehúsan a divulgar a la prensa detalles de
esos análisis, mientras no tengan progresos concretos.
Entre las observaciones realizadas al documento por las fuerzas
opositoras resaltan las referidas a la estructura institucional del
Estado, el proceso de reforma constitucional, políticas
socio-económicas y la tipificación de algunos delitos.
La víspera, García reiteró la voluntad del Gobierno de superar
algunas contradicciones existentes en la propuesta de carta magna e
incluir en la misma las aspiraciones autonómicas de varias regiones
del país.
Sin embargo, aclaró que esas transformaciones deben ser de forma
y no de contenido, y en temas puntuales, en contraposición al pedido
de grupos opositores de discutir toda la Constitución.
Por otra parte, organizaciones populares, obreras y campesinas
ultiman los detalles para el comienzo el próximo lunes de una marcha
desde la localidad de Caracollo en el occidental departamento de
Oruro- para reclamar la aprobación de la ley sobre ambas encuestas.
El segundo de esos plebiscitos persigue dirimir la máxima
extensión de tierras que puede poseer un ciudadano (cinco mil ó 10
mil hectáreas).