La víspera, el mandatario aseguró públicamente que según informes de la Fiscalía y Medicina Legal, los jóvenes no fueron ajusticiados, como temen los familiares y organizaciones de derechos humanos.

Aseguró que los fallecidos cayeron en combate con las fuerzas militares, y que estaban involucrados en actividades delincuenciales y que su muerte ocurrió un mes después de su desaparición.

Sin embargo, el Fiscal General, Mario Iguarán, aclaró posteriormente que todavía se investiga y que esa instancia de justicia no puede afirmar o descartar si fueron muertos en combate o asesinados.

Añadió que Medicina Legal tampoco puede asegurar que estas personas murieron en un enfrentamiento con el Ejército, pues a esa conclusión deben llegar los jueces.

Iguarán dijo que lo único claro es que fueron eliminados por fuerzas militares, tal como lo aseguró el Ejército y que fueron reclutados, pero aún no se sabe por quién.

El extraño caso salió a la luz a mediados de septiembre pasado cuando se reveló el hallazgo de los cadáveres de 11 jóvenes procedentes de barrios humildes de esta capital y del vecino municipio de Soacha, reportados como desaparecidos.

El hecho de que todos fueran dados como muertos en combate por las fuerzas militares, ha puesto en entredicho a los cuerpos armados, señalados como posibles responsables de "falsos positivos".

Así se denomina a aquellos casos de civiles que han muerto a manos de los soldados y que luego son presentados como guerrilleros o paramilitares caídos en enfrentamientos armados.

La preocupación se multiplicó en la medida en que aumentó el número de víctimas, pues de 11 señaladas al principio, la cifra pasó a 23, todas encontradas en el municipio de Ocaña, en el norteño departamento de Santander.