En medio de los más devastadores desastres naturales que haya vivido Cuba en los últimos 50 años, y cuando diversas voces renombradas en Estados Unidos pedían un cambio de política de la Casa Blanca hacia el archipiélago cubano, la secretaria de Estado Condolezza Rice se plantaba ante los medios para decir que "no es hora de levantar el embargo (bloqueo)".

Pero en este como en otros temas, la administración Bush está de espaldas al pueblo norteamericano. En la misma medida en que crece la impopularidad de este gobierno (la peor de la historia), lo hace también la cifra de ciudadanos norteamericanos que rechaza la irracional política hacia Cuba.

Una investigación de Zogby International y Diálogo Interamericano, desarrollada entre el 23 y el 25 de septiembre y revelada la pasada semana, constató que la mayoría de los 4 752 votantes estadounidenses encuestados en todo el país, apoyan una revisión de las relaciones con Cuba (60%), mientras el 84% de los entrevistados identificados con el Partido Demócrata coincidieron en la necesidad de cambios. Así se manifestó también un 60% de los llamados independientes y un 35% de los simpatizantes del gobernante Partido Republicano.

Una parte significativa de los participantes en el sondeo (62%), también se pronunció por permitir a las empresas norteamericanas hacer negocios con la Isla. El 68% consideró además que se debían autorizar los viajes a nuestro país de los ciudadanos estadounidenses.

Estos datos muestran un crecimiento significativo entre los norteamericanos de los deseos de una mejor relación entre Estados Unidos y Cuba. En julio del 2007, una encuesta similar de Zogby reflejaba que poco más de la mitad de los participantes (56%) pensaba que se debían levantar las restricciones.

A la vez, el 1 de octubre, un juez federal de Florida frenaba los ímpetus revanchistas y viscerales de la mafia de Miami, al suspender temporalmente una ley estatal, aprobada en el Congreso floridano a propuesta del representante David Rivera (el mismo que dijo iría a la guerra de Iraq y todavía lo están esperando), la cual buscaba impedir los ya restringidos viajes a su país de los residentes cubanos en Estados Unidos.

Bajo el pretexto de que las entidades de Florida debían evitar contactos con países considerados "promotores del terrorismo" por el Departamento de Estado, la llamada Florida Travel Act establece fianzas de hasta 250 000 dólares e impuestos a las agencias de viajes que tramitan pasajes y envían paquetes a Cuba desde ese estado sureño norteamericano, para con ese dinero financiar investigaciones de las actividades de las propias entidades de viajes.

Contra tan macabra ley se habían manifestado las compañías "charteadoras" de aviones, las agencias de viajes y varios sectores sociales de Miami, especialmente los agrupados en la Alianza Martiana, que han organizado ocho protestas en ese condado contra las prohibiciones de viajes.