En un acto popular en la localidad La Asunta, de la región de Los Yungas, zona tropical de La Paz, Morales aclaró que están invitados incluso los prefectos interinos Pablo Ramos, de la sede de gobierno, y Rafael Puentes, de Cochabamba.

Morales explicó que el acuerdo con esos prefectos debe garantizar la unidad del pueblo y luego el régimen autonómico que demandan Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca,

"Si algún prefecto no firma la propuesta del gobierno, pensaremos que es enemigo de las autonomías departamentales, regionales y las indígenas", aclaró.

Morales también ratificó la voluntad de las Fuerzas Armadas de garantizar la integridad del territorio nacional ante los intentos golpistas por parte de grupos opositores.

La víspera, los prefectos agrupados en el opositor Consejo Nacional Democrático (CONALDE) anunciaron su retorno a las conversaciones, que habían abandonado el lunes pasado de manera unilateral.

En nombre de sus homólogos, la máxima autoridad de Tarija, Mario Cossío, reveló la decisión, luego de reunirse con organismos nacionales y extranjeros que actúan como observadores en esas conversaciones.

Cossío informó que asistirán al reinicio de las pláticas con el presidente Morales, cuando se espera la firma de un acuerdo para establecer las bases de la pacificación del país.

El funcionario regional dijo que analizaron con representantes de iglesias bolivianas, de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos la marcha de las pláticas.

Los cuatro prefectos abandonaron esta semana las negociaciones como protesta por la detención del principal dirigente opositor tarijeño José Vaca, acusado de participar en actos terroristas.

Acerca de este proceso, el vicepresidente de la República, Álvaro García, criticó la postura de las autoridades regionales, que si bien aceptaron participar de la continuidad de esas conversaciones mañana domingo, plantearon condiciones que son inaceptables.

Ratificó que no se puede chantajear al Ejecutivo sobre la reciente detención de personas involucradas con la toma de instituciones públicas y actos terroristas, como la explosión de plantas petroleras o la masacre de campesinos.