Una emisora alternativa, Radio La Luna, articuló las movilizaciones de abril del 2005 en Quito. Miles de ecuatorianos, reunidos en la capital del país, ponían fin al mandato de Lucio Gutiérrez. Era el tercer presidente que en menos de diez años colmaba el hastío del pueblo.

La lucha de los sectores populares en Ecuador, concentrada en detener las recetas neoliberales, frenar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la presencia norteamericana en la base de Manta, y en desnudar los fetiches de democracia y la corrupción de las elites de poder, no encontró eco en las sucesivas administraciones. La época quedó caracterizada por la inestabilidad y el desasosiego.

La opción de canalizar estas demandas fue abierta por el gobierno de Rafael Correa, y la hoja de ruta para el cambio puede comenzar este domingo, 28 de septiembre, cuando 9,7 millones de ecuatorianos están convocados a participar en el referendo constitucional.

La aprobación de la nueva Carta Magna marcará un giro trascendental, pues su principal objetivo es desterrar el modelo neoliberal que sumió al país en un periodo de crisis e inequidad. Otros aspectos importantes en su contenido son la prohibición de privatizaciones a los recursos naturales; la asunción por el Estado de un papel fundamental en la administración y control de los sectores y asuntos estratégicos del país, incluido el endeudamiento externo.

El texto constitucional prioriza el desarrollo social por encima del mercado, establece que la educación y la salud deben ser reconocidos como derechos y no mercancías, sino como servicios gratuitos.

Reconoce además la interculturalidad y plurinacionalidad e incorpora como idiomas nacionales el quichua (una variante del quechua que se habla en Ecuador) y el Shuar de los pueblos originarios.

Otorga un amplio sentido a la participación ciudadana, que incluye la capacidad de revocar a los funcionarios que incumplen con su mandato, al tiempo que le reconoce a las organizaciones sociales un papel fundamental en la transparencia y lucha contra la corrupción.

El proyecto de Constitución establece la prohibición a la presencia de bases y fuerzas extranjeras en el territorio nacional, y en materia de política exterior es enfático en poner a Ecuador en la senda de la integración latinoamericana.

Con la llegada a la presidencia de Rafael Correa, el 15 de enero del 2007 al frente de Alianza País, muchos celebraron la instauración de un Gobierno desmarcado del pasado.

Desde entonces, el enfrentamiento al neoliberalismo, la limpieza en el manejo de los fondos administrativos y el activo papel dentro del proceso de unidad que se va dando en América Latina, como se vio en la Cumbre de la UNASUR que respaldó firmemente a Evo Morales frente al golpismo, explican que un alto porcentaje de ecuatorianos continúe apostando por esta gestión para transformar el país. Los años de malestar provocado por la derecha tradicional, hoy en decadencia, también argumentan la posibilidad del triunfo del Sí en el referendo constitucional.

La influencia de la partidocracia, en la que se incluyen organizaciones como el Partido Social Cristiano han quedado debilitadas. Figuras como el magnate bananero Álvaro Noboa, rival del actual mandatario en las elecciones del 2006 y uno de los hombres más ricos del país, ganan en descrédito y pierden en influencias en el escenario político de estos tiempos.

A la campaña por el NO se ha asomado el rostro más conservador de la Iglesia y también la oligarquía de Guayaquil, cuyo alcalde, Jaime Nebot, encabeza a los opositores y a las posturas separatistas.

En una reciente entrevista a AFP sobre su posición antagónica a la Carta Magna, Nebot priorizaba dos razones: "lucho porque Ecuador no se parezca a Bolivia o Venezuela"; este proyecto "distribuirá igualitariamente los bienes de producción y los frutos del desarrollo", tesis que "ya fracasaron en el mundo".