El capitulo III de Soberanía alimentaria, del Régimen de Desarrollo, establece la potestad del Estado de adoptar medidas para garantizar la seguridad en esta materia e incluye hasta la expropiación de tierras ociosas.

Estas disposiciones buscan democratizar y evitar el monopolio de la tenencia del suelo y el agua, como elementos centrales de la producción de alimentos.

Por ello, uno de los textos destaca la capacidad del Estado ecuatoriano de implementar políticas que faciliten la producción, provisión, distribución y comercialización de alimentos.

Con el fin de hacer efectivo el derecho del pueblo ecuatoriano a la seguridad alimentaria, se prohíbe el latifundio, la concentración de la tierra, así como la privatización del agua y sus fuentes, refleja otro apartado de la Carta Magna, elaborada durante ocho meses por una Asamblea Constituyente.

Alberto Acosta, ex presidente de la Constituyente, destacó la importancia de este artículo, que busca incentivar la producción agrícola en el país.

Cuestionó asimismo la información tergiversada difundida sobre el tema y recordó que desde 1830 las leyes ecuatorianas establecían distintas formas de expropiación.

La Constitución liberal de 1906 y 1907 incluía el embargo por causa de utilidad pública, aseveró al señalar que la propuesta de ahora no contempla la confiscación.