La flamante Carta Magna establece que la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) deja de ser la máxima instancia judicial, se nombraría Corte Nacional y por encima de este órgano estaría la otra instancia Constitucional.

Se trata de una nueve estructura judicial y estará integrada por 21 miembros, 10 menos de que la actual; serán designados para un período de nueve años, no podrán ser reelectos y se renovarán por tercios cada tres años.

En esta modificación se incluye además el ministerio de Justicia y Derechos Humanos, destinado a garantizar el respeto de los intereses de los ecuatorianos.

Si se aprueba la Constitución, se implementará un período de transición que dispone la cesación de los 31 actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como la realización de un sorteo público para escoger a sólo 21 jueces.

Los elegidos se encargarán de las funciones de la Corte Nacional hasta que a los titulares, según los procedimientos establecidos en la Carta Política.

Esta disposición causó revuelo entre los 31 actuales magistrados de la CSJ, quienes anunciaron que de vencer el sí en la consulta del venidero día 28 renunciarán a sus puestos para provocar un vacío de poder en Ecuador. Uno de los defensores de esta reforma, el asambleísta Cesar Rodríguez, de Alianza País, criticó a los judiciales renuentes a estos cambios, y los acuso de "no estar en sintonía con el espíritu de reforma que vive el país".