Por decreto presidencial, el contralmirante Bandeira, hasta entonces jefe del Estado Mayor de la Fuerza Naval Boliviana, sustituye al ex prefecto Leopoldo Fernández, confinado en la ciudad de La Paz, acusado de perpetrar una masacre de campesinos, con saldo preliminar de 18 muertos y más de 100 desaparecidos.

Como nuevo comandante general de Pando, Bandeira prometió redoblar sus esfuerzos para satisfacer a la población con su trabajo estrictamente institucional y alejado de todo interés político.

Asimismo señaló que trabajará con la participación activa de todos los sectores sociales del área rural y la ciudad.

Por otra parte, el Ejecutivo presentó nuevas acusaciones contra el ex prefecto opositor Fernández, entre ellas desaparición forzosa, tentativa de asesinato, vejaciones, torturas, privación de libertad y coacción.

La ministra de Justicia, Celima Torrico, precisó que esos cargos pesan además sobre dirigentes cívicos y sicarios brasileños, peruanos y bolivianos contratados para perpetrar la matanza campesina, el pasado 11 de septiembre.

La funcionaria señaló a la autoridad regional como el principal responsable, al asegurar que él mismo delató su implicación, en unas grabaciones divulgadas por medios de comunicación.

También se conoció que la presidenta del Comité Cívico de Pando, Ana Melena de Suzuki, recibió la condición de refugiada en Brasil.

Melena de Suzuki es otra de las acusadas de la matanza de labriegos, pero recibió esa condición la víspera en la localidad de Brasileia, por la Agencia Para los Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, el viceministro de Régimen Interior Rubén Gamarra viajó a la vecina nación para solicitar de manera oficial que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva expulse a unos 100 ciudadanos bolivianos que se refugiaron en las ciudades de Brasileia y Epitaciolandia.

Gamarra expondrá ante las autoridades judiciales los indicios que existen contra esas personas, entre ellas Melena de Suzuki y otros dirigentes territoriales.