El funcionario criticó la intención de algunos grupos de introducir nuevos tópicos en esas conversiones, después que en el inicio del proceso se establecieron con exactitud los puntos a debatir.

Reiteró que aparecen dos asuntos específicos a ser tratados: la imbricación de las aspiraciones autonómicas de varios departamentos con la nueva carta magna y la devolución del Impuesto Directo de Hidrocarburos a las regiones.

En ese sentido, afirmó que cualquier intento de involucrar otros aspectos en las negociaciones para introducir más cambios al proyecto de Constitución, trasciende las funciones de los prefectos departamentales.

Eso escapa a la competencia de los prefectos porque no son constituyentes. Lo otro es asumir una prerrogativa política que no les corresponde. Es un abuso político querer modificar un texto aprobado por mayoría, subrayó en rueda de prensa.

García apuntó que el gobierno tiene la flexibilidad de aceptar modificaciones y sugerencias para enriquecer la ley de leyes, pero a partir de correcciones puntuales y no sobre temas generales.

Agregó que es ilusorio querer cambiar la Constitución con esos argumentos; no puede ganarse en una mesa de diálogo lo que se perdió con el voto del pueblo.

El vicemandatario expresó su esperanza en que prime el sentido común en los planteamientos y pueda suscribirse lo antes posible un documento que le dé certidumbre a la población.

Ese acuerdo también entrañaría el establecimiento de mecanismos para viabilizar hasta el próximo 15 de octubre la aprobación en el Congreso de un referendo para someter al criterio popular la referida Constitución.

El vicetitular llamó a la alianza opositora Poder Democrático Social a no obstaculizar la sanción de la norma para celebrar dicha consulta y otra acerca de la máxima extensión de tierras que puede tener un boliviano (cinco mil o 10 mil hectáreas).