.— Una representación de las
víctimas vietnamitas del denominado agente naranja, tóxico rociado
aquí por Estados Unidos durante la guerra, viajará a ese país para
reclamar justicia.
La delegación partirá el próximo día 27 en busca de apoyo a su
demanda judicial contra las empresas fabricantes del químico
empleado indiscriminadamente por la aviación norteamericana durante
la agresión a Vietnam.
Pasadas más de tres décadas del finalizado el conflicto bélico
alrededor de tres millones de personas, de ellas 150 mil niños,
están discapacitadas o lastradas por irreversibles enfermedades y
malformaciones congénitas ocasionadas por el letal tóxico.
Desde el año 2004, la Asociación de Víctimas Vietnamitas del
Agente Naranja (AVVAN) inició una demanda legal contra 37 compañías
productoras norteamericanas.
Sin embargo, un tribunal de Nueva York rechazó esa reclamación
con el argumento de que los defoliantes usados por el ejército
durante la pasada conflagración no son armas nocivas prohibidas.
El fallo emitido por la corte neoyorquina a finales de febrero
anterior, segundo de magistrados de Estados Unidos sobre el caso,
provocó reacciones inmediatas en las instancias políticas y
socio-económicas de Vietnam, sumadas todas al reclamo de la AVVAN.
Jack Weinstein, el propio juez que falló a favor de militares
estadounidenses afectados también por devastador tóxico con una
indemnización de 93 millones de dólares, consideró que esa demanda
no da lugar.
Según dictó ese magistrado, la dioxina no fue rociada contra la
población sino para limpiar la selva en apoyo a los soldados
estadounidenses.
Vietnam y Estados Unidos crearon un grupo conjunto de trabajo
para la eliminación de las secuelas del agente naranja, pero
mantienen diferencias en el tema debido a que Washington destina a
ese propósito fondos muy por debajo de lo requerido.
El vicepresidente de la Asociación, Mai The Chinh, denunció esos
dictámenes por injustos e irrazonables y afirmó que los afectados
continuarán su lucha por la justicia, por lo cual presentará una
apelación al Tribunal Supremo de Washington el venidero 6 de
octubre.