BOSTON.— El periodista y activista negro Mumia Abu-Jamal, en el pabellón de la muerte desde 1982, exigirá a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que determine si su condena a la pena capital por asesinato respondió a prejuicios raciales.

Un juzgado federal de apelaciones de Filadelfia rechazó en julio el pedido de un nuevo juicio que determinara su culpabilidad o inocencia. Otro tribunal ya había descartado esa posibilidad en marzo.

La decisión de apelar fue informada a IPS por Robert R. Bryan, jefe del equipo de abogados defensores de Abu-Jamal.

El periodista fue condenado hace 26 años, al encontrársele culpable de la muerte de un policía blanco.

Activistas de derechos humanos y contra la pena capital, en Estados Unidos y en el exterior, ponen en duda la evidencia presentada para condenar a Abu-Jamal, quien siempre reivindicó su inocencia.

"El racismo todavía impera en este país y no debería tener lugar en nuestro sistema legal", afirmó Bryan cuando el tribunal de apelaciones rechazó en julio el pedido de un nuevo juicio.

"En Estados Unidos la gente es ejecutada frecuentemente por la incompetencia de sus abogados. El fiscal del juicio de 1982 practicó el racismo al seleccionar a los miembros del jurado. No descansaremos hasta que Mumia esté en libertad", agregó.

La apelación ante la Corte Suprema se centrará en una serie de aspectos, entre ellos el hecho de que se hubiera excluido a ciudadanos negros del jurado formado para el primer juicio. Diversos estudios demuestran que los jurados blancos se inclinan más a dictar condenas capitales.

Pero no existe certeza de que el máximo tribunal considere el caso. Cada año, sus nueve magistrados solo consideran entre 1% y 2% de los pedidos de apelación que se presentan ante ellos.

La posibilidad de que sí lo haga está dada por el hecho de que el fallo del tribunal inferior no fue unánime en el tema del racismo, por lo que es posible que la Corte tome el caso para resolver esa diferencia de opinión.

Si lo hace y emite un fallo favorable, el tribunal de apelaciones tendría que reconsiderar el pedido de un nuevo juicio que determine su inocencia o culpabilidad.

Los jueces que rechazaron esa posibilidad dictaminaron, sin embargo, que Abu-Jamal merecía un nuevo juicio, aunque solo para considerar si la condena a la pena capital debía conmutarse por la de cadena perpetua sin el beneficio de la libertad condicional.

Aunque esto eliminó la amenaza de una ejecución inmediata, se trata de un fallo que puede ser revertido.

La fiscalía tampoco está conforme con esa decisión y podría pedir a la Corte Suprema que falle a favor de mantener la pena de muerte para Abu-Jamal, aunque el jefe de los fiscales de Filadelfia, Hugh Burns, dijo a IPS que aún no había tomado la decisión de accionar en ese sentido.

Señaló, asimismo, que no considera que hayan existido prejuicios raciales en el juicio original, y que "no es posible" que se hubieran cometido en él errores significativos.

Si la Corte Suprema no toma el caso de Abu-Jamal y accede a la petición de la fiscalía de restablecer la pena de muerte, se reanudará la cuenta regresiva hacia la ejecución.

Mark Taylor, profesor de teología en la Universidad de Princeton y coordinador del grupo Educadores por Mumia Abu-Jamal, dijo que el caso es potencialmente embarazoso para algunos altos funcionarios del estado de Pennsylvania.

El gobernador de Pennsylvania, Ed Rendell, quien podría dar la orden para le ejecución del periodista y activista, era fiscal jefe cuando se procesó este caso.

Ronald Castille, presidente de la Corte Suprema de Pennsylvania, procuró cuando era fiscal mantener a Abu-Jamal en prisión y no se abstuvo de participar cuando el máximo tribunal del estado se pronunció al respecto.

"Debemos continuar educando al público sobre los detalles del caso y su trascendencia en cuestiones como la pena de muerte en Estados Unidos, el racismo, la brutalidad policíaca y la situación en las prisiones", dijo Taylor.

La semana pasada, miles de personas realizaron una demostración en la ciudad de Denver, para reclamar la liberación de todos los presos políticos estadounidenses.