De acuerdo con el viceministro de Descentralización Fabián Yaksic, se logró con el representante del llamado Consejo Nacional Democrático y máxima autoridad en Tarija, Mario Cossío, perfilar un documento que pudiera ser suscito entre todos, adelantó.

Cossío señaló por su parte que hará las consultas pertinentes con los prefectos de Santa Cruz (Rubén Costas) y de Beni (Ernesto Suárez), a los que representa, sin mencionar al de Pando, Leopoldo Fernández, a quien el gobierno acusa de crímenes de lesa humanidad y espera detener en las próximas horas.

La región de Pando entra hoy en el tercer día de estado de sitio, con la presencia reforzada de militares pero también de una comisión humanitaria enviada por Palacio Quemado que investiga la muerte de unos 30 campesinos y atiende a decenas de heridos.

Según el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien encabeza ese grupo, no habrá flexibilidad alguna con los culpables de los actos violentos.

En ese sentido, Quintana ratificó sus acusaciones contra el prefecto Fernández por la contratación de paramilitares y sicarios peruanos y bolivianos para asesinar a los labriegos, según ratifican los testimonios de sobrevivientes.

También sentenció que el prefecto pandino instauró relaciones estructurales con narcotraficantes para sembrar terror, muerte y persecución en el pueblo.

Aseguró que el Estado solicitará contra Fernández una condena de 30 años de privación de libertad en una cárcel de máxima seguridad sin derecho a indulto por organizar y financiar esa masacre.

Además afirmó que se pudo comprobar una cacería selectiva de los principales dirigentes campesinos.

Añadió que las pruebas de la masacre ordenada así lo corroboran, además de los muertos con disparos precisos en el corazón o en la cabeza que les causó su deceso.

Hacia Cobija, capital de Pando, según el gobierno central, podría viajar una comisión integrada por el Defensor del Pueblo, La Cruz Roja y otra legación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros, para verificar esas acusaciones.

Paralelamente a esas instituciones, el Congreso Nacional se convertirá mañana en ministerio público para valorar las pruebas del Ejecutivo sobre la masacre de campesinos y otros disturbios.

El gobierno nacional declaró que está en marcha un golpe de Estado civil para derrocar a Evo Morales, del que también acusa al embajador de Estados Unidos Philip Goldberg, quien la víspera abandonó el país, estimado como persona non grata.