Tanto el vicepresidente Alvaro García como el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales Sacha Llorenti afirmaron que no habrá flexibilidad alguna con los culpables de esos actos violentos.

En tal sentido, Llorenti ratificó sus acusaciones contra el prefecto opositor de esa norteña región, Leopoldo Fernández, por la contratación de sicarios peruanos y bolivianos para asesinar a campesinos.

Aseguró que el Estado solicitará contra Fernández una condena de 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto por organizar y financiar una masacre.

Pedimos de inmediato el inicio de una investigación que sancione a este gran criminal. Que no se sume a la larga lista de impunidad a la que nos acostumbraron en tiempos anteriores, demandó en rueda de prensa celebrada la víspera en el Palacio Quemado.

Igualmente, aseguró que nada salvará al dirigente regional, pues los crímenes de lesa humanidad no caducan y en caso de refugiarse en otra nación, puede ser reclamado.

A su vez, el vicemandatario apuntó que el Gobierno no va a negociar a los muertos, la masacre, ni la responsabilidad penal y criminal de los asesinos. Serán perseguidos y enjuiciados.

Como presidente del Parlamento, García anunció que el próximo martes el ente legislativo se reunirá para abrir la pesquisa sobre la situación suscitada en Pando.

Respecto al diálogo, explicó que el Ejecutivo mantiene varias propuestas concretas referidas a la devolución a los departamentos del Impuesto Directo de Hidrocarburos y la imbricación de las autonomías con la nueva Constitución.