El mandatario valoró la situación en ese territorio y en su capital, Cobija, de muy grave y aseguró que allí no ha habido ningún enfrentamiento, sino una masacre de campesinos por sicarios peruanos y brasileños.

En rueda de prensa celebrada en el Palacio Quemado indicó que esos hechos constituyen un delito de lesa humanidad, ante los cuales el Gobierno tenía la obligación de actuar y sentar cierta autoridad en ese lugar.

Morales destacó que la declaración de estado de excepción busca defender la vida de la población y negó la posibilidad de establecer esa situación en otras regiones del país si los grupos opositores abandonan la toma de entidades públicas.

Si los prefectos (opositores) devuelven las instituciones del Estado, si dejan de atentar contra el patrimonio del pueblo, que son gasoductos y refinerías, no hay por qué pensar en la ampliación del estado de sitio a otras regiones, subrayó.

El gobernante confesó que frente a la gravedad de los hechos en Pando, abogados y expertos en temas legales le comentaron que si no declaraba ese régimen en el referido departamento podría estar sujeto a un juicio de responsabilidades.

La víspera, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, explicó que dicha decisión responde a los numerosos crímenes cometidos por grupos delictivos, y al clima de alteración del orden y la tranquilidad ciudadana.

Esa medida prohíbe portar todo tipo de armas de fuego o blancas, celebrar reuniones sin autorización, organizar medidas de presión y otras actividades habituales.