Al término de una reunión del llamado Consejo Nacional Democrático (CONALDE), los gobernadores señalaron que no permitirán esa consulta en sus territorios, al tiempo que demandaron la devolución de ingresos por impuestos petroleros que el Ejecutivo dedica a programas sociales.

Ernesto Suárez, prefecto de Beni, acusado por incitar actos violentos en la ciudad de Trinidad, la víspera, fue el encargado de leer ante la prensa las conclusiones de esa cita, en la que también acordaron arreciar los bloqueos de carreteras.

Esta última medida de presión es criticada aquí incluso por empresarios privados que organizan una feria comercial en la oriental ciudad de Santa Cruz.

Suárez manifestó la disposición de esas autoridades de obstaculizar desde sus territorios la venta de gas hacia otras naciones.

En la elaboración de las acciones contra el gobierno boliviano, los prefectos de la Media Luna ampliada negaron la participación de representantes de la alianza opositora Poder Democrático Social, que estiman dividida y desprestigiada en el país. Por su parte, las organizaciones sociales que integran la Coordinadora Nacional para el Cambio (CONALCAM) criticaron el lenguaje violento de los prefectos y ratificaron que respaldarán la consulta del 7 de diciembre, en la que se someterá a aprobación la nueva Carta Magna.

Fidel Surco, presidente de CONALCAM, afirmó a Prensa Latina que la mayoría de la población boliviana apuesta por las transformaciones que impulsa el gobierno de Evo Morales y no se someterá al chantaje de unos pocos oligarcas que temen perder sus privilegios.