De acuerdo con Adolfo Chávez, dirigente de esa agrupación, la iniciativa responde a la decisión de la Corte Nacional Electoral de frenar esa consulta por falta de una norma, entre otros impedimentos legales.

Chávez adelantó a Prensa Latina que si el parlamento obstaculiza la aprobación de ese plebiscito, los originarios cercarán el Legislativo, como ya sucedió en otras oportunidades.

"El Congreso tiene que refrendar esa ley, sus integrantes no pueden ser tan ciegos como para no darse cuenta de que se trata de una demanda del pueblo boliviano", remarcó.

Asimismo anunció que las organizaciones sociales que integran la Coordinadora Nacional para el Cambio (CONALCAM) definirán este miércoles otras medidas de protesta si el parlamento impide el referendo.

El pasado 28 de agosto, el Ejecutivo promulgó un decreto convocando a ese sondeo para el próximo 7 de diciembre que también incluye la consulta dirimitoria sobre el tope de tierras en manos de un bolivianos (cinco mil o 10 mil hectáreas).

En esos comicios los bolivianos elegirán además a los prefectos de las regiones de La Paz y Cochabamba, revocados en un referendo el pasado 10 de agosto, a 112 subprefectos provinciales y nueve consejeros departamentales.

La víspera, el vicepresidente de la República y máxima autoridad en el Congreso, Álvaro García, adelantó en Oruro que si se precisa una norma especial que respalde ese proceso, se hará, porque forma parte de las principales reivindicaciones de los sectores sociales.

García explicó que la nueva carta magna garantizará la continuidad de medidas cardinales como la nacionalización de los recursos naturales y de servicios públicos.

Sin embargo, Oscar Ortíz, presidente del Senado (cámara alta), donde la oposición es mayoría, señaló que esa instancia no sancionará ningún proyecto de ese tipo.