Los trabajadores cubanos comenzarán en septiembre próximo el debate del Anteproyecto de Ley de Seguridad Social, algo insólito para muchos en el mundo, pero común para ellos por la habitual costumbre de llevar a consulta popular temas de importancia para el país.

La decisión fue aprobada por los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio pasado, en la primera sesión ordinaria de la VII Legislatura del máximo órgano de gobierno.

Por lo menos, tres millones 400 mil afiliados a los Sindicatos Nacionales analizarán el documento en más de 80 mil asambleas, aunque una convocatoria de tanta magnitud no es novedosa en la Isla.

El hecho es que reeditarán las efectuadas en 1994, cuando surgieron multitud de ideas de cómo enfrentar y empezar a salir de la crisis económica que provocó la caída de la comunidad socialista y la antigua Unión Soviética.

Tan masiva participación evidencia el alto grado de organización de la sociedad cubana, la vitalidad de sus organizaciones sindicales, su democracia activa y constante y el papel de los productores de bienes y servicios en el Socialismo.

El primer sistema de seguridad social en Cuba entró en vigor en 1963 para garantizar la protección a todos los trabajadores y sus familiares. Después, fue perfeccionado hasta convertirlo en la Ley 24 desde 1980.

Nadie quedó desamparado o sometido a su engañosa mala suerte, a pesar de que el país sufre el recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero, que el belicoso gobierno de Estados Unidos impone desde hace ya casi 50 años.

Una realidad muy diferente afronta una considerable cifra de hombres y mujeres de América Latina y de otras regiones, que perdió la protección de la seguridad social cuando empezó la aplicación de políticas neoliberales, los recortes de presupuestos sociales y su privatización.