Dos opciones están planteadas ante el referendo revocatorio que tendrá lugar en Bolivia el próximo domingo 10 de agosto: de una parte, la continuidad del proceso de cambios que se inició a partir de la ascensión presidencial de Evo Morales hace más de dos años y medio; de otra, la regresión a las políticas neoliberales fracasadas en el pasado reciente pero que pretenden ser recicladas por los reductos de la oligarquía local en contubernio con las transnacionales y el poder imperial de Estados Unidos.

La primera halla su fundamento en la recuperación de los recursos naturales, el alcance universal de la campaña de alfabetización, la asistencia social a los ciudadanos de la tercera edad mediante la implantación de la llamada Renta Dignidad, el significativo incremento del área social de la economía productiva, la apertura de nuevos hospitales y la notable ampliación de los servicios de salud, la creación de fuentes de empleo y la promoción de justicia para los pueblos originarios, por solo citar algunos hitos del Gobierno encabezado por Evo.

Para hacer prosperar la opción contraria tendrían que responder negativamente más del 53,74 % de los electores a la pregunta: "¿Usted está de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio liderado por el presidente Evo Morales Ayma y el vicepresidente Álvaro García Linera?", lo cual parece improbable, de acuerdo con diversas encuestas que anticipan resultados favorables a la dupla gubernamental en un orden que varía del 55 al 62%.

Además de ponderar los incuestionables logros socioeconómicos de la última etapa, muchos bolivianos están conscientes, o al menos intuyen, que la discontinuidad de la actual gestión implicaría la agudización de la brecha entre los ricos y los pobres; la restauración del dominio absoluto del capital privado; y la desprotección de amplios sectores de la población que quedarían a merced de las leyes ciegas del mercado.

Una fractura de tal naturaleza podría sumir al país en la fragmentación y la ingobernabilidad, debido a la crisis de credibilidad y liderazgo de los partidos políticos tradicionales y al fundamentalismo descentralizador de la burguesía parapetada detrás de ciertos poderes regionales, los llamados Comités Cívicos que a imagen y semejanza del existente en Santa Cruz, más que oposición, le han hecho la guerra a los movimientos sociales, a los pueblos originarios y al Presidente boliviano.

Los medios que responden a la oligarquía reaccionan ante la inminencia del escrutinio del domingo de manera diversa, aunque bajo el común denominador de llevar a las audiencias mensajes antigubernamentales. El pasado miércoles La Razón, diario de circulación nacional, publicó un editorial firmado por William Kushner donde admitía percibir "que la oposición no puede con el referendo, que se escapa a gritos de la derrota", pero a la vez introducía una nota de terror al sentenciar cómo se "ignoran las consecuencias que los resultados, en cualquier caso, pueden traer para la democracia y para el propio Gobierno".

Desde Santa Cruz, uno de los bastiones de las elites conservadoras desde donde se pretende presentar la lucha de clases bajo la falaz idea de un conflicto regional, uno de los editorialistas del diario El Deber ese mismo día escribía: "Si el Presidente fuera capaz de quedarse solo en su casa, con la ventana abierta, el viento leve de la mañana incipiente y la mesa rebosante de diarios. Si repasara cada título, cada texto, cada foto y supiera que son como el espejo que inexorablemente devuelve la realidad. Si pasara horas frente a ellos y tuviera la valentía interior de comprenderlos —de comprenderse-— y de recapacitar. Si más tarde pudiera someterse a la tortura de los videos que le van a mostrar las imágenes duras de la TV y estallara en bronca contra sí mismo. Si revisara los últimos años de su vida y admitiera que se equivocó, que fue injusto, arbitrario, soberbio, ligero y caprichoso¼ ". Toda una obra maestra de la insidia que paradójicamente se convierte en prueba irrefutable del terrorismo mediático que se ha cernido de forma contumaz y sistemática contra el mandato de la mayoría que llevó a Evo a la primera magistratura en enero del 2006.

A todas estas no se puede obviar el papel injerencista de Estados Unidos. Días atrás, en vísperas de reunirse con el Presidente boliviano, Thomas Shannon, subsecretario de Estado de EE.UU. para América Latina dijo: "Reconocemos que Morales es el político más popular de Bolivia, pero no sabemos qué hacer para demostrarle que no queremos que su Gobierno caiga". No pocos analistas pusieron en duda esta afirmación y la consideraron una mera finta. De hecho un día antes de que el embajador Philip Golberg se reincorporara a su puesto en La Paz en julio pasado, funcionarios de la sede diplomática se reunieron con el prefecto de Beni, Ernesto Suárez, uno de los aliados de los "cívicos" cruceños. El mismo Golberg ha sido una presencia constante en Santa Cruz, ciudad a la que viaja con inusitada frecuencia.

Mientras, Washington ha puesto en entredicho la renovación de las preferencias arancelarias a Bolivia en virtud de la lucha contra las drogas —un programa conocido por las siglas ATPDEA— y que mantiene desde hace dos años en suspenso el acceso del país sudamericano a los 600 millones de dólares de los fondos de la denominada Cuenta del Milenio, administrados por una corporación creada por el gobierno norteamericano a tenor con un acuerdo de la Cumbre de Monterrey sobre Financiamiento para el Desarrollo.

El referendo revocatorio también pondrá a prueba a los prefectos departamentales, varios de ellos partidarios del restablecimiento del modelo entreguista y neoliberal. Las encuestas conceden posibilidades de ratificación de sus mandatos a los de Potosí, Pando, Santa Cruz y Beni, y ponen en duda a los de Cochabamba, La Paz, Tarija y Oruro.