El ex fiscal general de Estados Unidos John Ashcroft reconoció que, en los años en que ocupó su puesto, supo de al menos tres casos de interrogatorios en los que se fingió el ahogamiento de los presos. En una comparecencia ante el Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, que investiga las supuestas prácticas de tortura de la CIA a prisioneros extranjeros, Ashcroft defendió que "tal y como definió la CIA esta práctica entonces, no se la podía considerar como tortura".

Él mismo, como responsable del Departamento de Justicia, aprobó dos directivas internas que legalizaron esta técnica entre el 2002 y el 2003. Posteriormente retiró estas normativas. "Simplemente, rectificamos unos argumentos legales erróneos", dijo ayer.

Ambas directivas, redactadas en agosto del 2002 y diciembre del 2003, definieron el concepto de tortura como "un acto extremo" que causara un dolor similar al de la muerte o al del "fallo de un órgano vital".

Prácticas como desnudar a los presos, amenazarles con perros o fingir su ahogamiento quedaban excluidas. "Resultó evidente, en un examen posterior de ambas opiniones legales, con un marco temporal más amplio, que había asuntos problemáticos en ellas", dijo ayer. Aun así, apuntó que "no hay razón para no creer que estas técnicas fueron altamente valiosas" a la hora de extraer información "a aquellos que querían hacer daño a EE.UU.". "El valor de la información recabada a través del uso de estas técnicas de interrogación era mucho mayor que el de otros métodos", explicó.

El ex fiscal general pidió que se concediera al presidente George W. Bush el beneficio de la duda "en una época en la que el país había sido duramente atacado". "Nos enfrentábamos a una situación totalmente novedosa", explicó quien prestó servicio al frente del Departamento de Justicia entre enero del 2001 y febrero del 2005.

Ashcroft añadió que confiaba en su asistente, John Yoo, para redactar este tipo de normativas internas. Yoo, profesor de Derecho en la Universidad de California en Berkeley, era un experto legal de la más absoluta confianza del presidente Bush y abogaba por una postura permisiva frente a lo que se debía considerar tortura.

Tras esta ofensiva para diseñar un Departamento de Justicia que diera carta blanca a los interrogatorios por parte de agentes del Gobierno se encontraba la mano del ex subsecretario de Defensa Douglas Feith, calificado por su jefe, Donald Rumsfeld, como el "diseñador intelectual" del programa de supuestas torturas. Feith compareció ante este mismo comité del Congreso de EE.UU. el pasado martes.