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El primer juicio militar contra uno de los prisioneros de la base
naval de Guantánamo comenzará hoy en ese enclave, donde Estados Unidos
tiene recluidas a 275 personas desde hace casi siete años al margen de
toda asistencia legal.
El acusado será Salim Ahmed Hamdan, un yemenita señalado como ex
chofer de Osama bin Laden y considerado combatiente enemigo, término
utilizado por el gobierno del presidente George W. Bush para etiquetar
a quienes apresa en nombre de su llamada guerra contra el terrorismo.
Ahmed Hamdan, de 40 años, comparecerá ante un tribunal militar de
excepción, encausado entre otros cargos por conspiración y apoyo
material al terrorismo, delitos por los que podría ser condenado a
prisión perpetua. Fue detenido en noviembre de 2001 en Afganistán.
La defensa calificó de injusto y deshonesto el proceso contra su
cliente, pues la acusación está sustentada en supuestas declaraciones
obtenidas mediante técnicas ilegales de interrogatorio.
El abogado Neal Katyal asegura que las supuestas pruebas que dice
tener el Pentágono fueron obtenidas en condiciones de privación del
sueño al detenido, su aislamiento total y otros procedimientos
considerados torturas.
La semana pasada, el ex fiscal del Ejército estadounidense Morris
Davis denunció que las comisiones militares creada por el presidente
Bush son ilegales y carentes de toda justicia.
"Si se va a vestir esto con la bandera de la justicia militar tiene
que ser un juicio justo", señaló el coronel de la Fuerza Aérea en una
entrevista a la cadena comunitaria de radio y televisión Democracy Now.
Sin embargo, a ese sistema yo no lo llamaría ni militar ni
justicia, agregó el oficial, quien renunció en octubre pasado al cargo
de fiscal en jefe de la Oficina de Comisiones Militares del
Departamento de Defensa, en rechazo a la interferencia política en las
cortes marciales.
Davis acusó a la administración Bush de presionar a los tribunales
de la prisión de Guantánamo, territorio que ilegalmente ocupa Estados
Unidos en el oriente de Cuba.
A principios de año reveló que funcionarios gubernamentales le
exigieron acelerar los juicios contra presuntos terroristas
encarcelados en la instalación, para intentar crear en la opinión
pública la imagen de un sistema jurídico que funciona adecuadamente.
Entre ellos mencionó al subsecretario de Defensa Gordon England,
quien dejó bien claro el valor estratégico de acusar, en un año
electoral, a detenidos de alto perfil.
Davis también criticó la postura del recién retirado asesor legal
general del Pentágono William Haynes en relación con el desenlace de
los procesos.