Mientras en Panamá se analiza el fallo de la Corte Suprema que
declara inconstitucional el indulto a favor de Luis Posada Carriles
y de sus cómplices, en El Salvador la prensa reclama una
investigación del terrorista internacional y de sus apoyos en este
país.
Las respectivas responsabilidades nunca se determinaron en el
caso de Posada, "quien vivió durante muchos años en El Salvador con
una identidad falsa, con protección gubernamental y con
financiamiento cubano americano", (desde Miami), señala el diario El
Faro.
"Un Posada Carriles que aquí planificó y contrató a salvadoreños
para poner bombas en Cuba, por lo que nunca fue llevado a juicio ni
investigadas sus conexiones con empresarios y autoridades locales",
añade al señalar que el criminal fue finalmente capturado en Panamá
"cuando pretendía asesinar al Presidente de Cuba" durante la Cumbre
Iberoamericana de noviembre del 2000. "Un terrorista de cuya
protección y complicidad no se ha investigado nada en El Salvador",
concluye el rotativo que denuncia cómo "El Salvador sirve de refugio
a prófugos internacionales".
Introducido en esa nación centroamericana por la CIA y la mafia
de Miami en los años ochenta para manejar actividades clandestinas
de tráfico de armas en la base salvadoreña de Ilopango, Posada pasó
luego a asesorar operaciones de represión por cuenta del ex
mandatario Napoleón Duarte.
Fue en ese país que reclutó a Francisco "El Panzón" Chávez
Abarca, un delincuente que convirtió en su hombre de confianza en
una operación terrorista ordenada y financiada por el comité
paramilitar de la Fundación Nacional Cubano Americana.
Chávez Abarca situó la primera bomba de la campaña de terror
desencadenada por Luis Posada Carriles en 1997, en La Habana, y
contrató a Ernesto Cruz León, el ejecutante del atentado que causó
la muerte del joven turista italiano Fabio di Celmo. Abarca sigue
libre en ese territorio más de diez años después de esta campaña de
terror.