El pasado 18 de junio, el Parlamento Europeo aprobó la llamada Directiva Retorno de Inmigrantes con 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones.

Esta nueva normativa europea criminaliza a los inmigrantes sin papeles que por razones económicas, políticas o conflictos bélicos se han asentado en los países que integran la Unión Europea. La misma prevé hasta 18 meses el tiempo posible de detención de los inmigrantes, autoriza la detención de menores sin acompañantes con la posibilidad, incluso de deportarlos a terceros países, y establece la prohibición a todos los expulsados de volver a entrar en la U.E. durante al menos cinco años.

Europa, que de 1800 a 1950 vio emigrar de su territorio a más de 80 millones de habitantes, víctimas del hambre, las persecuciones políticas y religiosas y las guerras, (la mayor parte de los cuales se asentaron en nuestro continente), cierra ahora las puertas a millones de ciudadanos latinoamericanos y de otros continentes. La Comisión Europea calcula que la Unión Europea cuenta con unos 20 millones de residentes extranjeros, entre ellos más de 8 millones sin documentos.

El endurecimiento de la situación económica, la desintegración del estado de bienestar, el alto costo de la vida, el aumento del desempleo, las crecientes tasas de criminalidad, el florecimiento de tendencias xenófobas, los manipulados discursos de seguridad y lucha contra el terrorismo, y la acción de gobiernos con duras políticas anti-inmigrantes han propiciado la aprobación de esta "ley de la vergüenza", que sitúa al emigrante pobre como responsable de los males de las sociedades europeas.

Para implementar la escandalosa política, la Unión Europea cuenta con más de 220 centros de detención de inmigrantes, que actúan con escaso control y pocas normas, ubicados en prisiones, antiguas edificaciones, barcos y hasta instalaciones que fueron campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos están situados fuera de las fronteras europeas.

Un informe del propio parlamento europeo señala que estos centros carecen de asistencia médica, son escenarios del maltrato, motines, huelgas de hambre, ataques incendiarios y suicidios.

Mientras expulsan a los indocumentados, que son profundamente discriminados, marginados y condenados a los trabajos duros que los ciudadanos europeos no quieren realizar, la Unión Europea fomenta abiertamente el robo de cerebros: una verdadera sangría de talento formado de las Naciones del Tercer Mundo que las condena aún más al subdesarrollo.

La Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba expresa su rechazo a la Directiva de Retorno aprobada por el Parlamento Europeo, por constituir una flagrante y bochornosa violación de los derechos humanos, la Convención de los Derechos del Niño y varias normativas internacionales.

Condena la existencia de los centros de detención migratoria que actúan como verdaderos campos de concentración modernos, donde se aniquila la dignidad humana.

Denuncia las políticas que estimulan el robo de cerebros y a la vez recortan la ayuda oficial al desarrollo.

Llama a la Comunidad Internacional y especialmente a los Parlamentos del mundo a expresar su rechazo a esta decisión discriminatoria y vergonzosa de la Unión Europea.