"Nos han quitado la tierra"

MIRIELA FERNÁNDEZ LOZANO

La historia mira hacia atrás. El "reparto de tierras" vuelve a colocarse en la agenda del Gobierno. Las cortinas de la Amazonía Peruana se han corrido con un singular argumento del presidente: "La idea es abrir nuevas áreas para la inversión dentro del país en zonas que, por razones ideológicas, aún permanecían cerradas".

Pero, ¿cuáles son esas "razones ideológicas" que han impedido a lo largo del tiempo el desembarco de los buscadores de "El Dorado" por estas tierras? No sorprende si coinciden con las que esgrimen organizaciones como la Confederación Campesina del Perú, la Confederación Nacional Agraria y la Asociación Interétnica del Desarrollo de la Selva Peruana ante los preludios que llegan, justo en medio de la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, para poner en peligro las cosmovisiones ancestrales de estos pueblos.

La administración de Alan García ha sido prolífera en la creación de decretos legislativos como el DL 1015 y DL 994 que, en total ausencia de consensos y caminando a ciegas sobre artículos constituyentes que declaran estas tierras comunales imprescriptibles o convenios internacionales de los pueblos autóctonos, intenta desmantelar a unas 7 000 comunidades de la selva en esa nación.

El boom económico que proclama el Gabinete peruano y en el que las transnacionales se asoman cada vez más, ha alentado la entrega a manos privadas de estos terrenos. Hoy casi tres cuartas partes de la Amazonía perteneciente al país, consideradas reservas de petróleo, están abiertas al arriendo para proyectos de exploración y excavación.

Hace apenas dos años la tribu Achuar sacó a la luz una demanda contra el gigante corporativo Occidental Petroleum debido a la contaminación de este territorio por más de 30 años. Pero los resultados no se limitan a los perjuicios ambientales. Los pasos de la "civilización" estropean los principios organizativos de estos pueblos y afectan la minga (forma de trabajo común) en la que basan su sustento.

Sin embargo, para el Gobierno solo parece tratarse de reclamos de aislados chamanes en nombre de la Pacha Mama (madre tierra) y continúa propagando un discurso neoliberal, que ha traído consigo tensiones internas y deja al descubierto, con mayor nitidez, el descontento popular con la actual presidencia.

Las protestas en Perú casi no han tenido interludio. A las demandas de las comunidades indígenas y campesinas se han unido las de los mineros que, paradójicamente, si bien se aprecian entre los principales conductores del timón económico interno, también forman parte de ese 40% afectado por la pobreza.

La huelga de este sector fue antecedida por otras manifestaciones de las esferas de la salud y la educación. Las solicitudes de mejoría en los sueldos, salarios y pensiones le juega una mala pasada a la ola de dinamismo económico difundida tras el crecimiento el pasado año de casi un 9%, que parece no rozar aún a quienes han salido a las calles.

Aunque el Gobierno se regodeó en su desfile militar "para evitar disturbios" y más de 100 000 policías custodiaron a los manifestantes, nada pudo evitar que el primer paro nacional, organizado por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), hallara exitoso eco en las 25 regiones del país.

En este reclamo popular también se oyeron los de las serranías. Descendieron en busca de un cambio en sus historias, para que no anden, como sucede en estos tiempos, tan lejos de aquel título (Nos han dado la tierra) que colocó Juan Rulfo, el escritor mexicano, a uno de sus cuentos.