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Los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas
en Bolivia acreditarán delegados para fiscalizar el referendo
revocatorio de mandato popular, el próximo 10 de agosto, confirmó
hoy una fuente gubernamental.
De acuerdo con el presidente de la Corte Nacional Electoral
(CNE), José Luis Exeni, la decisión responde a los principios de
transparencia y participación de ese sondeo.
La máxima entidad comicial precisó que las cortes departamentales
son las encargadas de hacer cumplir ésta disposición.
Los delegados gozarán de las garantías establecidas, entre ellas
el derecho de participar en la Junta de Designación de Jurados.
Esos representantes también controlarán las mesas de sufragio y,
en caso necesario, podrán interponer el recurso de apelación.
Exeni aclaró que para esos comicios están habilitados más de
cuatro millones de votantes, luego de actualizar el padrón el pasado
1 de julio.
Como en anteriores consultas, el departamento de La Paz tiene la
mayor cantidad de electores, con un millón 277 mil 711, seguido de
Santa Cruz con 997 mil 152 empadronados.
Según la norma, para mantener sus puestos las actuales
autoridades bolivianas no pueden recibir una cifra de votos en
contra superior a los sufragios favorables obtenidos cuando fueron
elegidos para sus actuales funciones (diciembre de 2005).
De esa forma, el mandato del presidente sólo terminaría si sumara
más de un 53,7 por ciento de boletas contrarias, mientras el rango
para los prefectos oscila entre un 37,98 y un 48,03.
La víspera, el Senado, donde la oposición es mayoría, aprobó
modificaciones a la ley de convocatoria a esos comicios, entre ellas
los porcentajes para remover a las autoridades, por simple mayoría,
y las preguntas del sondeo.
La propuesta debe ir ahora a Diputados, donde predomina el
gobernante Movimiento al Socialismo, por lo que se espera no se
aprueben los cambios.