Un creciente rechazo se registra
hoy aquí a la postura de cinco prefectos opositores que, en
detrimento de programas sociales, demandan recursos para sus
regiones por el gravamen a la producción de carburantes.
De acuerdo con el ministro de Hacienda, Luis Arce, está prevista
una reunión para pasado mañana con el objetivo de conciliar esos
fondos, provenientes del llamado Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH).
Arce precisó que además de las máximas autoridades de las nueve
regiones, están invitados a la cita el ministro de Hidrocarburos,
Carlos Villegas, y la presidenta del Servicio de Impuestos
Nacionales (SIN), Marlene Ardaya.
También se espera la presencia del presidente de la estatal
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez.
El titular criticó la reacción de los prefectos de Santa Cruz,
Rubén Costas; de Tarija, Mario Cossío; de Beni, Ernesto Suárez; de
Pando, Leopoldo Fernández y de Cochabamba, Manfred Reyes, que exigen
la reposición de esos recursos que hoy se utilizan para pagar una
pensión vitalicia de vejez, llamada Renta Dignidad.
A juicio de Arce, la nueva maniobra de las autoridades que
integran el Consejo Nacional Democrático (CONALDE) es boicotear el
referendo revocatorio de mandato popular previsto para el próximo 10
de agosto.
El IDH es un impuesto creado por la Ley de Hidrocarburos que
exige a las empresas petroleras el pago del 32 por ciento sobre su
producción.
Parte de estos recursos financian proyectos sociales como la
Renta Dignidad, una ayuda económica que beneficia a personas mayores
de 60 años de edad.
Los cinco prefectos opositores reclaman exonerar a sus
departamentos del pago de ese tributo, con el objetivo de emplear el
dinero sólo en el desarrollo de sus respectivas regiones.
El pasado 1 de julio, Arce anunció que el Estado boliviano
presentará al Congreso un proyecto de ley para devolver a las nueve
prefecturas el IDH.
El funcionario adelantó que el texto se encuentra listo para ser
presentado ante el Parlamento, con lo cual quedaría zanjado uno de
los principales debates de la agenda nacional.
El jefe de carpeta explicó a Prensa Latina que el levantamiento
de ese gravamen es posible gracias al incremento de algunos precios
en el mercado internacional, que han generado un aumento en los
ingresos de Bolivia.
Además, el ejecutivo repartirá 13 millones de bolivianos (cerca
de millón 830 mil dólares) entre las nueve prefecturas para impulsar
el progreso de los departamentos.