Un equipo de abogados de Panamá
comenzará hoy un proceso legal para devolver a la cárcel a cuatro
terroristas de origen cubano refugiados en Estados Unidos, entre
ellos el connotado criminal Luis Posada Carriles.
Los tres juristas, Julio Berríos, Rafael Rodríguez y Ascanio
Morales, confirmaron que este viernes presentarán ante el Juzgado
Quinto de lo penal un recurso para demandar al gobierno de ese país
la inmediata extradición de los delincuentes.
Los acusados fueron trasladados a la ciudad norteamericana de
Miami el 26 de agosto de 2004, tras ser indultados por la entonces
presidenta, Mireya Moscoso, cinco días antes de terminar su mandato.
El perdón presidencial fue declarado inconstitucional el lunes
último por la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados le dieron
carácter retroactivo, para que los casos vuelvan al estado en que se
encontraban en 2004.
El caso no está cerrado, nunca lo estuvo, porque había una
demanda de inconstitucionalidad (contra el indulto), precisó el
abogado Rodríguez.
Posada Carriles, Pedro Remón, Gaspar Jiménez y Guillermo Novo,
fueron arrestados en la capital panameña en noviembre de 2000
durante la X Cumbre Iberoamericana, cuando planeaban asesinar al
líder cubano, Fidel Castro.
Berríos apuntó que la demanda de extradición está enmarcada en un
tratado bilateral de 1904 sobre el tema, el cual se mantiene vigente
y rige las relaciones de Panamá y Estados Unidos en ese asunto.
Está bien claro (en el tratado) que si Panamá solicita la
extradición de un delincuente, hay que ordenar el arresto de esa
persona, con fines de extradición, afirmó.
Berrios subrayó que Estados Unidos está obligado a cumplir con
sus compromisos con otros estados y enviar a los cuatro criminales a
Panamá, donde deben cumplir una condena a ocho años de cárcel
impuesta en 2002.
Los abogados querellantes apelaron ese fallo, pues explicaron que
el juez no contempló al menos dos delitos, que hubieran elevado la
sanción a 13 años.
En la querella judicial contra los cuatro terroristas participan
catedráticos universitarios, dirigentes estudiantiles y sindicales,
así como las autoridades del pueblo aborigen Kuna Yala.
Morales, representante de estos últimos, destacó que el fallo de
la Corte Suprema reconoce que el indulto de la presidenta Moscoso
desconoció los derechos de las víctimas.
Morales recordó que de haberse ejecutado el plan de Posada
Carriles y sus cómplices, los caciques kunas y centenares de
estudiantes, profesores y obreros hubieran muerto en el Paraninfo de
la Universidad de Panamá.
En el lugar fue efectuado un acto de solidaridad con Fidel Castro
y los terroristas planearon volarlo con más de 30 libras del
poderoso explosivo C-4, comprobaron los investigadores del fallido
atentado.