Esa directriz establece el encarcelamiento de los indocumentados hasta por 18 meses e impide a los expulsados volver al viejo continente en cinco años o más si son considerados como "una amenaza a la seguridad nacional".

La tendencia a criminalizar la migración, sin duda, agravará el hostigamiento hacia los guatemaltecos en los países que integran la Unión Europea, como sucedió en Estados Unidos a partir del 11 de septiembre , advirtió la ex vicecanciller Marta Altolaguirre.

En un artículo publicado hoy, Altolaguirre señaló que las naciones desarrolladas han encontrado una justificación a sus políticas bajo el argumento de que son países de leyes y el incumplimiento a sus legislaciones debe castigarse.

Por esa razón, afirma, cualquier cabildeo dirigido a revertir las posiciones endurecidas durante los últimos años, requiere de un planteamiento conjunto de los países afectados.

El canciller Haroldo Rodas adelantó la posibilidad de unificar una postura con los demás gobiernos centroamericanos a fin de lograr un mejor trato para sus connacionales en el marco de un eventual acuerdo de asociación con la UE.

Mientras, la Comisión del Migrante del Congreso de la República promoverá esta semana un pronunciamiento regional sobre el tema durante un taller mesoamericano que se efectuará en El Salvador.

Según datos oficiales, unos 11 mil guatemaltecos residen en el continente europeo, la mayor parte en España, y al menos la mitad de ellos carecen de estatus legal y podrían verse afectados por estas medidas.