La iniciativa, aprobada la semana pasada por la Cámara de Representantes, también incluye la protección legal de aquellas compañías del sector de las telecomunicaciones que ayudan al gobierno en su labor de vigilancia doméstica.

Según la Unión Norteamericana para las Libertades Civiles (ACLU), se trata de una legislación anti-constitucional, la cual sólo beneficia a poderosas empresas.

Estamos ante un regalo apenas disfrazado para las grandes financistas de campañas electorales, aseguró la directiva de ACLU Caroline Fredrickson.

Por su parte, el representante demócrata por Nueva York Jerrold Nadler, consideró el proyecto como una herramienta destinada a alejar del escrutinio público las acciones ilegales cometidas por autoridades de la comunidad de inteligencia estadounidense.

Las agencias federales fortalecerían con esta ley sus facultades para interceptar conversaciones telefónicas y correos electrónicos, incluso sin necesidad de contar en determinadas circunstancias con el visto bueno de una corte.

En el último año, Bush ha presionado al Congreso para la aprobación de un instrumento jurídico que sustituya a la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, sancionada en 1978 y conocida por FISA, sus siglas en inglés.

Durante ese período, el mandatario amenazó varia veces con vetar cualquier documento opuesto a sus intereses, en particular en lo concerniente a la protección de las compañías telecomunicadoras.

Sobre algunas de dichas entidades penden al menos 40 demandas, relacionadas con acusaciones de violar los derechos individuales de las personas.