La reciente aprobación de la
Directiva de Retorno de Inmigrantes Ilegales por parte del
Parlamento Europeo despertó esta semana el rechazo generalizado de
sectores nicaragüenses.
El presidente Daniel Ortega durante una comparecencia el jueves
último la calificó de muestra del terrorismo de estado, mientras que
el Defensor del Pueblo (Ombudsman), Omar Cabezas Lacayo, dijo que es
una aberración y una ley fascista.
A nivel Centroamericano también hay alarma en Honduras y otras
naciones, cuyas economías reciben un fuerte respaldo de las remesas
de los inmigrantes.
En opinión del diputado al Parlamento Centroamericano (PARLACEN)
Jacinto Suárez, esta ley tiene que ser derogada, por ser lesiva a
los derechos humanos de los pueblos.
La criminalización de la migración afecta a indocumentados de 23
países y es una decisión política peligrosa, injusta y equivocada,
señaló el viernes la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO).
El documento aprobado por los europeos permitirá la detención
hasta por 18 meses, la expulsión de menores de edad, y la
prohibición de regresar en cinco años, entre otras acciones
represivas.
Pese al carácter policial del texto que endurece las medidas
contra los indocumentados en 27 países integrantes de la Unión
Europea (UE), la representante en Nicaragua de ese grupo, embajadora
Francesca Mosca, alegó que se ofrecerán garantías a los ilegales.