Hasta el 3 de junio último los dos juzgados de adolescentes en conflicto con la ley reportaron cada uno alrededor de 160 casos de robos, secuestros, asesinatos, extorsiones y narcoactividad.

De mantenerse esta tendencia, los expedientes de menores implicados en faltas graves ascenderán a más de 600 al finalizar el año, casi 100 más que los registrados en 2007.

Los sociólogos atribuyen este fenómeno a la pobreza, la falta de oportunidades de trabajo y la baja tasa de escolaridad, sumado a la pérdida de valores en la sociedad guatemalteca.

Raquel Zelaya, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, demandó del Ministerio Público investigar a fondo caso por caso a fin de determinar la autoría intelectual de estos hechos e identificar a quienes utilizan a los menores para delinquir.

En el Congreso de la República algunos diputados impulsan la promulgación de una ley para combatir la participación de jóvenes en violaciones graves.

El parlamentario Gudy Rivera denunció que el crimen organizado emplea a niños y adolescentes para cobrar extorsiones, trasladar drogas o hacer tareas de vigilancia en operaciones de narcotráfico.