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Congresistas de Argentina, Chile, Paraguay y Perú aseguraron hasta hoy
su participación como observadores en el referendo revocatorio de las
principales autoridades de Bolivia, que se desarrollará el próximo 10
de agosto.
La diputada boliviana por el gobernante Movimiento al Socialismo
(MAS) y vicepresidenta del Parlamento Latino (PARLATINO), Ximena
Flores, señaló que la presencia de esos supervisores forma parte de
los esfuerzos de esa organización para asegurar la limpieza de dicha
consulta.
"Creo que existe la buena voluntad de los parlamentarios de países
vecinos para participar de este referendo y garantizar así la
transparencia y fortalecimiento de la democracia boliviana", afirmó.
La delegación del PARLATINO tendrá como tareas verificar el
cumplimiento de las normas electorales y redactar un informe sobre la
actuación de los sectores sociales, las fuerzas políticas y el
desenvolvimiento de la votación.
Según estadísticas de la Corte Nacional Electoral (CNE), está
confirmada la llegada de veedores de 17 naciones y de tres entidades
internacionales especializadas en procesos electorales, mientras se
gestiona el arribo de misiones de la Unión Europea y la Organización
de Estados Americanos (OEA).
Además de los países mencionados, se espera la asistencia de
instancias judiciales de Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Entre los organismos estarán el Consejo de Expertos Electorales de
Latinoamérica (CEELA), con sede en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil;
el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), enclavado en San
José; y el Consejo Electoral Andino (CEA), cuyo cuartel general se
encuentra en Bogotá.
Ese plebiscito decidirá por sufragio popular la continuidad en sus
cargos del presidente y el vicepresidente de la República, y de los
prefectos departamentales, con excepción de Chuquisaca, donde se
elegirá a la máxima autoridad regional este 29 de junio.
Para mantener sus puestos los dirigentes no pueden recibir una
cifra de boletas en contra superior a las favorables obtenidas cuando
fueron escogidos para sus actuales funciones.
De esa forma, el mandato del presidente sólo terminaría si sumara
más de un 53,74 por ciento de votos contrarios, mientras el rango para
los prefectos oscila entre un 37,98 y un 48,03.