Una resolución sobre Puerto Rico aprobada por el Comité de Descolonización de la ONU, fue calificada hoy de gran victoria política por representantes del movimiento independentista de ese pueblo.

Edwin González y José Berrios, de la Misión del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano en La Habana, dijeron que este es un paso sustancial hacia la autodeterminación de la isla borinqueña, que ya cumple 110 años de ser una colonia de Estados Unidos.

Ambos valoraron que —por primera vez— representantes de casi todos los sectores políticos y sociales del pueblo boricua estuvieron en la discusión del estatus de Puerto Rico, incluido el gobernador Aníbal Acevedo Vila y los líderes legislativos, entre otros.

Asimismo, fue muy positivo que casi por unanimidad estuvieran de acuerdo en la urgencia de que el Gobierno norteamericano permita pronunciarse a los puertorriqueños sobre su futuro político, explicaron González y Berrios en una conferencia de prensa.

La resolución se aprobó este lunes en Nueva York y reafirma el derecho de Puerto Rico a la libre determinación e independencia, si así lo desea el pueblo.

Impulsado por Cuba y Venezuela y aprobado por los 27 miembros del Comité, el texto llama a la Asamblea General de la ONU a examinar "de manera amplia y en todos los aspectos" el caso colonial de Puerto Rico, sometido a Estado Libre Asociado de EE.UU. desde 1953.

El texto insta además a que se devuelvan los territorios de Vieques y Ceiba, utilizados para realizar maniobras militares.

Desde 1972, este Comité ha reconocido el derecho de Puerto Rico a su independencia y libre determinación, con 26 resoluciones que han sido ignoradas por los gobiernos de turno de la Casa Blanca.

Ahora se enfatiza que se trata de un derecho inalienable del pueblo borinqueño, sobre el que la comunidad internacional puede pronunciarse, por lo cual se descalifica el argumento de Estados Unidos de que es una cuestión interna o doméstica, reiteró González.

Puerto Rico fue una colonia de España hasta 1898, cuando pasó a ser una jurisdicción norteamericana, cuyo Congreso extendió esa ciudadanía a los boricuas en 1917.

Sin embargo, no pueden votar en las elecciones presidenciales o legislativas de la metrópoli, y su estatus político limita la autonomía de la isla en asuntos como las relaciones internacionales, moneda propia y otros.

La Casa Blanca había concluido en el 2005 que el futuro de la isla depende solo del Congreso estadounidense.