El multitudinario mitin es de protesta por el otorgamiento de asilo político al ex ministro de defensa, Carlos Sánchez Berzaín, acusado aquí de genocidio.

Fuera embajador Philip Goldberg y sus lacayos, Justicia EL Alto de pie, nunca de rodillas eran algunas de las consignas que vitoreaban los manifestantes, encabezados por los Ponchos Rojos (líderes populares).

Los participantes en la multitudinaria congregación reclamaban que también el ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, fuera castigado por la masacre de octubre de 2003 y fuera extraditada del norteño país, donde permanece exiliado.

Luis Ramos, secretario de conflictos en la Federación de Juntas Vecinales, dijo a Prensa Latina que la medida de presión responde a la decisión de Washington de dar cobija a criminales que respaldaron la represión policial de hace cinco años, con saldo de 68 muertos y más de 400 heridos.

Aquí están familiares de las víctimas y sus hermanos de El Alto que reclamamos que esas ex autoridades vayan a la cárcel de Chonchocoro (prisión de máxima seguridad). No pueden andar impunes por el norteño país, remarcó.

Por su parte, Edgar Patana, secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR), indicó que la marcha y el mitin de este lunes es la primera de una serie de protestas, debido a la molestia existente por la arbitraria decisión de la justicia norteamericana.

También Rolando Cruz, dirigente gremial alteño, señaló que los manifestantes llegaron a rodear a la sede diplomática en reclamo que se arríe la bandera estadounidense.

"No permitiremos más que la injerencia de Estados Unidos en asuntos internos de Bolivia, como ha quedado demostrado, traiga más violencia y humillación", remarcó.

Cruz afirmó que la protesta responde además a las agresiones a 30 campesinos en la ciudad de Sucre, el pasado 24 de mayo, durante la celebración del aniversario 199 del Grito Libertario de América.

Eran grupos violentos dirigidos por el Comité Interinstitucional, opositor al gobierno de Evo Morales, como otras agrupaciones que son patrocinadas por la embajada estadounidense, denunció.

La pasada semana, el canciller boliviano, David Choquehuanca, informó que el gobierno presentará ante Washington una denuncia formal sobre este caso, tras convocar a su representante en la Paz, Philip Goldberg.