Después de una sesión expedita, el panel de tres jueces de la Corte de Apelación de Nueva Orleans que convocó y presidió ayer la audiencia en el caso migratorio del terrorista Luis Posada Carriles, se retiró sin ni siquiera pronunciarse sobre la validez de la solicitud presentada por la llamada Fiscalía antiterrorista del gobierno federal, perpetuando la maniobra dilatoria orientada por la administración de George W. Bush.

En virtud de las leyes norteamericanas, los magistrados no tienen, a partir de ahora, plazo alguno para decidir si consentirán o no estudiar la apelación como tal.

Mientras tanto, Luis Posada Carriles se queda libre en Miami, residiendo en un lugar que su pandilla terrorista mantiene secreto "para proteger su privacidad", mientras realiza ruidosas apariciones en eventos públicos organizados por su "comité de apoyo" para predicar, con su sola presencia, el uso del terrorismo contra Cuba.

Colmo de la impudencia, los abogados de Posada reiteraron ante el tribunal las mentiras expresadas por el criminal en el curso de su interrogatorio por oficiales de los servicios norteamericanos de Inmigración.

"Hoy su abogada le dijo al juez Higgenbotham que Posada entró, con la ayuda de un ‘coyote’, en un camión desde México. Como si fuera un trabajador agrícola que viene a cosechar alcachofas en California", reportó el abogado José Pertierra, quien representa al Gobierno de Venezuela en la solicitud de extradición del terrorista internacional.

Carriles jura que entró a territorio estadounidense por la frontera mexicana en marzo del 2005, cuando está demostrado y documentado que viajó desde Isla Mujeres, México, en el barco camaronero Santrina, propiedad del terrorista Santiago Álvarez Fernández-Magriñá.

"El principal cómplice que Posada quiere proteger es a Santiago Álvarez", comentó el jurista. "Ayudar a un terrorista a ingresar ilegalmente a los Estados Unidos es un delito serio que conlleva más de 30 años de prisión", agregó.

Pero, increíblemente, dos de los tres jueces encargados de este caso tienen lazos, como el mismo terrorista, con la US Army. Mientras uno fue fiscal con el cuerpo judicial del ejército, el segundo fue juez militar en Iraq y posee el rango de teniente coronel de la Guardia Nacional. El juez Patrick Errol Higginbotham fue miembro del "Cuerpo de Jueces Abogados" (JAG por sus siglas en inglés) de la Aviación militar norteamericana, desde 1961 hasta 1964. Los JAG constituyen el sistema judicial que maneja las cortes marciales y el conjunto de los procedimientos legales que involucran al ejército.

Septuagenario nacido en Alabama, fue nombrado a la Corte de Apelación de Nueva Orleans en 1982 por nada menos que el presidente Ronald Reagan.

El juez Leslie H. Southwick, un tejano de pura cepa nacido en 1950 en la localidad de Edinburg, se ausentó de su puesto desde agosto del 2004 hasta enero del 2006, para participar en la ocupación de Iraq como juez y fiscal general con la 155 Brigada de combate de la Guardia Nacional de Mississippi, de la cual es teniente coronel.

Entretanto, Posada salió con rango de segundo teniente de la Academia militar de Fort Benning, donde la US Army, a principios de los años sesenta, bajo orientación de la CIA, formó a elementos "duros" de la funesta expedición de Playa Girón.

La apelación de los abogados del Departamento de Justicia es única y exclusivamente relacionada con la entrada ilegal de Posada en Estados Unidos. Aunque se señala en las alegaciones presentadas ante el tribunal las actividades terroristas del acusado, este nunca ha sido reconocido como terrorista por el gobierno de Bush.