La Corte de Apelación de Nueva Orleans ha convocado a las partes
en la causa migratoria del terrorista Luis Posada Carriles, para que
presenten sus respectivas argumentaciones este miércoles, a partir
de las 9 de la mañana.
Según el aviso, cada parte dispondrá de 20 minutos para convencer
a los jueces Carolyn D. King, Patrick E. Higginbotham y Leslie H.
Southwick, de la validez de sus alegaciones.
En el instante de la comparecencia, habrá pasado exactamente un
año desde que los ejecutantes de este verdadero complot para salvar
a un terrorista, el fiscal tejano, Michael Mullaney, y los fiscales
federales, John F. De Pue, John W. Van Lonkhuyzen y Paul Ahern,
presentaron su solicitud de apelación, el 5 de junio del 2007,
después de la liberación de Posada por la jueza Kathleen Cardone.
Cómplices de las maniobras dilatorias de la administración Bush,
los abogados de la Sección antiterrorista del Departamento de
Justicia de Estados Unidos, en Washington, habían mostrado sus
argumentos en el último minuto del plazo otorgado por la Corte de
Apelación de Nueva Orleans, 150 días después de manifestar esta
intención.
Resultado de esta estrategia criminal desarrollada por
funcionarios que debían proteger a su país del terrorismo, Posada y
su pandilla de Miami han tenido meses para montar eventos en los
cuales el connotado torturador, asesino y terrorista ha intentado
rehacerse una imagen.
La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans (Louisiana)
precisa en su convocatoria que la audiencia tendrá lugar en la Sala
223 de su sede, el Edificio John Minor Wisdom United, 600 Camp
Street. Otras causas serán objeto de audiencias en este mismo día.
Mientras el ministerio público consagra una página de su
documento de apelación a resumir la carrera terrorista de Posada
Carriles, citando la explosión en pleno vuelo de un avión de Cubana,
en el que murieron 73 personas en 1976, los atentados de La Habana
de 1997 y el complot de Panamá para asesinar al líder de la
Revolución cubana, Fidel Castro, en el 2000, el gobierno de EE.UU.
se niega a reconocer a Posada como terrorista y a aplicarle las
leyes vigentes o a extraditarlo a Venezuela, que lo reclama de
manera sostenida desde su arresto en el 2004.
La audiencia ocurre mientras circulan en Miami rumores según los
cuales la Casa Blanca estaría a punto de ordenar un indulto en el
caso del terrorista internacional.
De manera escandalosa, Posada es defendido en este caso por los
abogados mafiosos Arturo Hernández, Felipe Millán y Rhonda Anderson,
pagados por fondos ocultos reunidos por el terrorista Santiago
Álvarez Fernández-Magriñá con el total apoyo de los capos del Cuban
Liberty Council, así como de los congresistas cubanoamericanos,
encabezados por Ileana Ros-Lehtinen.