La víspera, fue divulgado el texto de la normativa propuesta por el presidente de la Federación de Asociación de Municipios (FAM), Luis Revilla, el director de Gobernabilidad de la Alcaldía de La Paz, Pedro Susz, y el diputado Javier Vargas.

Mediante esa disposición se regula que "ningún ciudadano, grupo o pueblo podrá ser discriminado, maltratado, sometido a violencia física o psicológica por razones de origen, raza, cultura, género o preferencia sexual".

Como segundo aspecto, la disposición contempla la suspensión de sus cargos y sanciones de hasta tres años de privación de libertad para funcionarios públicos, civiles, militares o policiales que incurran en actos discriminatorios.

Por último, se estipula que "las violaciones a la dignidad de las personas o las colectividades, incluyendo cualquier actitud que entrañe la humillación individual o colectiva, por razones de raza y o cultura deberán ser perseguidas de oficio por las autoridades judiciales sin necesidad de denuncia previa".