El órgano legislativo aprobó 350 millones de dólares -150 millones menos de lo ofrecido por el presidente George W. Bush- para que México adquiera armas y equipos norteamericanos y pague por la asesoría ofrecida por ese país a cuerpos armados locales.

Pero las condiciones para hacer efectiva esa asignación son realmente trascendentes, pues obligan a México a dictar reformas legales y judiciales previamente e incluso aceptar el monitoreo de la embajada de Estados Unidos.

Entre ellas están la depuración de las unidades militares y policiales mexicanas que enfrentan a los narcotraficantes y procesar por la vía civil a los miembros de las fuerzas armadas y de orden público involucrados en supuestas violaciones a derechos humanos.

Esto requiere, lógicamente, la adopción de medidas especiales y modificación de reglamentos y posiblemente leyes, además de inmiscuirse un gobierno extranjero en disposiciones correspondientes únicamente al Estado mexicano.

Pero hay más imposiciones pues se exige constituir un denominado Comité de Lucha Antinarcóticos con representantes de la sociedad civil para que vigile las acciones gubernamentales.

Y si eso fuera poco la embajada de Estados Unidos en México creará y administrará una base de datos de los miembros de las fuerzas armadas y policíacas de México participantes en las acciones antinarcóticos para vigilar y juzgar su comportamiento.

El informe de la misión diplomática será, en definitiva, el que tenga validez para que la Secretaria de Estado norteamericana, Condolezza Rice, diga al Congreso de su país que México cumplió con las exigencias y sólo entonces se liberen los fondos prometidos.

La insólita ayuda fue rechazada por el senador Carlos Navarrete, coordinador de la bancada parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, quien llamó a no aceptar ni un solo centavo mientras haya condicionamientos.