Los embajadores de la UE decidieron -en principio- dejar para este viernes la decisión final respecto a las novedosas disposiciones, incluida la retención de los indocumentados por seis meses y en algunos casos por 18.

La entidad comunitaria discute, además, la devolución a sus países de extranjeros, incluidos niños sin acompañantes, a lo cual se oponen organizaciones de defensa de derechos humanos como el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados.

Las nuevas normas se aplicarán para los foráneos, en particular originarios de China, Ucrania, Estados Unidos, América Latina, África o de los Balcanes y se exceptuarán las personas en condiciones de precariedad extrema o necesitadas de un asilo.

En caso de registrarse una resistencia a la deportación se procederá al uso de la fuerza y se aplicará una prohibición de cinco años para la entrada de esos renegados a la UE.

La diputada socialista francesa Martine Roure advirtió que estados muy represivos se escudarán detrás del texto de las nuevas disposiciones para adoptar leyes que van contra los derechos del hombre.

Uno de los puntos más polémicos en la reunión de esta jornada está relacionado con la asistencia jurídica gratuita a indocumentados, pues la Eurocámara desea que sea obligatoria, en tanto algunas naciones como Alemania o Austria abogan por su condición opcional.