Cuba posee una Resolución para determinar y certificar la muerte, la cual recoge los criterios que fundamentan ese diagnóstico a tono con los avances científico-técnicos aplicados a la medicina en el mundo.

En declaraciones a la AIN, el licenciado Jorge Enríquez Sordo, juez del Tribunal Provincial de Ciudad de La Habana, recordó que la Resolución 90 del Ministerio de Salud Pública, del 26 de agosto de 2001, se instauró como respuesta a la necesidad de contar con un cuerpo legal que uniformara los criterios para diagnosticar los decesos a nivel nacional, incluyendo el signo cierto de la muerte por el cese irreversible de las funciones encefálicas.

Este cuerpo legal reconoce, además, el hecho natural de que la muerte humana es una sola, la que impide al organismo humano funcionar como un todo e interactuar de forma autónoma con el medio ambiente.

Reconoce, igualmente, que existen diferentes criterios para diagnosticar la muerte, en dependencia de que la persona esté asistida de un soporte tecnológico o en los casos de actuaciones médico-legales.

El especialista destacó que esta disposición cubana, sin fines utilitarios, nació desvinculada de una normativa de trasplante, y posee naturaleza propia e independiente que da repuesta a la interrogante humana de tener certeza en el momento en que acaece el fallecimiento.

Con un carácter flexible, posibilita que pueda ser modificada en la medida en que se produzca un desarrollo mayor en el ámbito de la ciencia aplicada a la medicina, acotó Enríquez Sordo.

La Resolución da respuesta al Código Civil cubano, rama del Derecho encargada de atender a la persona en sus atributos y cualidades esenciales, y en su artículo 24 establece que la personalidad comienza con el nacimiento y se extingue con la muerte, aseveró.