Según organizaciones humanitarias, el número de inmigrantes muertos durante una semana de ataques es de 24 personas, las últimas dos en el asentamiento ilegal de Ramaphosa, al oriente de Johannesburgo.

No obstante, es difícil conocer la cifra exacta de heridos, ya que muchos ni siquiera se reportan en puestos médicos, según la fuente.

En una céntrica estación de policía se intentaron refugiar unos dos mil extranjeros de los tres a cinco millones residentes de acuerdo con estimados del Instituto de Relaciones Raciales-, la misma cifra de todos los pobladores blancos.

La situación ganó en complejidad y existe una confusión de criterios respecto a qué desató estos actos de violencia, a los que acuden los ciudadanos armados con palos y cuchillos y hasta con recipientes con gasolina, según descripciones de testigos hechas a medios de prensa.

"Si volvemos a la calle nos van a matar", declaró un zimbabwense a uno de los medios de la prensa hispana acreditados en el país.

Esos actos de intolerancia suceden 14 años después de que se estableciera la Sudáfrica democrática, encabezada por Nelson Mandela, quien sobre estos sucesos xenófobos declaró que no se pueden matar a los hijos de los vecinos que recibieron a los surafricanos en la época del Apartheid (desarrollo por separado).

Según fuentes convergentes, los agentes de la policía arrestaron a unas 200 personas por estos disturbios, pero las manifestaciones y las agresiones contra los inmigrantes continúan e incluso se extendieron a la ciudad Durban, en el litoral del océano Índico.

Este país sufre graves problemas sociales como un alto nivel de desempleo, la persistencia del mortal Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y un déficit habitacional.