"Por supuesto (que rechazaremos), absolutamente todo, y no solamente nosotros, sino toda la comunidad internacional. No sólo no nos vamos a quedar pasivos esperando lo que sea vinculante a nosotros, lo ilegal no pasará y acudiremos a los organismos externos", enfatizó.

La autoridad llamó a los dirigentes cruceños a dejar a un lado esos procedimientos y sentarse en la mesa de negociaciones para compatibilizar con el ejecutivo esos preceptos, que pueden constituir la base para redactar en el futuro un texto autonómico.

Dejemos de hacer acciones de hecho, hagamos la transformación de la autonomía que el país necesita por la vía legal y constitucional. Abandonemos esta serie de acciones al margen de la ley que sólo busca socavar el poder legítimo de un Gobierno nacional legalmente constituido, declaró.

El funcionario reiteró la posición del ejecutivo de impedir que ningún mecanismo ilegal se lleve a vías de hecho, y advirtió a los promotores de ese proceso sobre las posibles consecuencias de esos actos atentatorios contra la Constitución.

Primero, no se va a permitir que ninguna acción ilegal surta efecto. Segundo, quienes están actuando al margen de la ley deben tener en cuenta que tarde o temprano, como cualquier autoridad o funcionario público, tendrán que responder por sus actos ante la justicia, aseveró.

Sin embargo, descartó que la administración tenga pensado emprender alguna demanda legal contra la prefectura del oriental territorio, como han solicitado numerosas agrupaciones sociales del país en los últimos días.

El funcionario explicó que bajo las actuales circunstancias Santa Cruz no será en la práctica una región autonómica, pues para su funcionamiento como tal, necesitará la aprobación del Estado para oficializar muchas de las medidas que pretenden aplicar.

Arce analizó la inviabilidad de varias disposiciones económicas previstas en el estatuto cruceño como la creación de un consejo de comercio exterior, el establecimiento de un salario mínimo de mil bolivianos (poco más de 136 dólares) o el cobro de tributos a empresas petroleras.