El siempre obstinado gobierno de Bush acude a la insensatez de confiar en mercenarios que actúan al margen de las leyes estadounidenses y de la nación árabe, señala un editorial del rotativo.

Para el Times, resulta inconcebible que más de seis meses después de la masacre en la plaza Nisoor de Bagdad no se ha presentado ni siquiera una acusación contra los presuntos responsables de la balacera.

En realidad ocurrió todo lo contrario, cuando el mes pasado la Casa Blanca decidió renovar el contrato a Blackwater, por otro año en Iraq, lamenta el influyente periódico.

Según la fuente, también es llamativo el poco avance del Buró Federal de Investigaciones en las pesquisas iniciadas a raíz del suceso.

Tal vez al final de todo este dilatado proceso algún que otro agente sea llevado ante la justicia, sin embargo, nadie espera ver a la compañía sentada en el banquillo de los acusados, comenta el artículo de opinión.

La polémica sobre los métodos de Blackwater incluye además el posible empleo de sustancias antidisturbios como el gas CS, bajo el simple argumento de despejar el tráfico al paso de sus convoyes.

Estos productos químicos provocan dificultades respiratorias, nauseas, vómitos y quemaduras, y su utilización está sujeta a severas restricciones por el Derecho Internacional Humanitario, aseguran expertos de universidades norteñas, entre ellos Michael Schmitt y Scott Silliman. De acuerdo con el diario neoyorquino, la actual administración ignora las críticas porque necesita de los contratistas para suplir sus deficiencias en materia de seguridad, en la nación ocupada desde 2003.

Si retiramos a los guardias de esas empresas no tendríamos otra opción que salir de Iraq, admitió el subsecretario de Estado Patrick Kennedy.

En octubre último, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto que pretende dejar abierta la posibilidad de procesar legalmente a los contratistas norteamericanos desplegados en zonas de conflicto.