Los jefes de Estado y de Gobierno se reúnen este viernes en el Museo de la Nación de Lima, en el marco de la V Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE), iniciativa que nació en 1999 en Río de Janeiro, Brasil.

Las ediciones posteriores se celebraron en Madrid, España (2002), Guadalajara, México (2004) y Viena, Austria (2006).

En el primer encuentro cimero, hace casi una década, se acordó institucionalizar dicho mecanismo para promover y desarrollar una asociación estratégica entre ambos bloques continentales, sustentada en el pleno respeto del Derecho Internacional.

Los presidentes o sus representantes dedicarán la jornada a debatir sobre los principales puntos de la agenda que los congrega, más que a discutir la Declaración de Lima (documento conclusivo del cónclave), anticipó la víspera el canciller peruano, José García Belaúnde.

Tras destacar el éxito de la cita de ministros de Exteriores que antecedió a la de mandatarios, el diplomático dijo que la declaración de la V Cumbre quedó casi terminada, por lo que los gobernantes podrán concentrarse en el análisis de los tópicos principales.

Las deliberaciones durante la sesión plenaria matutina estarán dedicadas a la lucha contra la pobreza y la exclusión, mientras que las de la tarde versarán sobre los efectos del cambio climático.

A todas luces, el alza en los precios internacionales de los alimentos, relacionado con la producción de biocombustibles, ocupará algunas líneas del documento final.

Según trascendió, los dignatarios expresarán preocupación por el impacto de la crisis alimentaria en los sectores pobres y propugnarán medidas urgentes para asistir a los países más vulnerables y a las poblaciones afectadas por la escasez y carestía de productos básicos.

Establecerán, además, una agenda de cooperación en materia de desarrollo sostenible, medio ambiente, cambio climático y energía propuesta por la UE, pero afinada por los negociadores a sugerencia de América Latina y el Caribe.

En materia política, el texto ratificará la adhesión de los firmantes a los principios de la Carta de Naciones Unidas y rechazará todas las medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional, en alusión al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

En esa misma línea, denunciará la aplicación por Washington de la extraterritorial Ley Helms-Burton, sancionada en 1996 para recrudecer el cerco económico, financiero y comercial contra La Habana.

Reconoce la integridad de los derechos humanos, que incluyen los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.