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La Cumbre de los Pueblos euro-latinoamericana dio pleno respaldo a la
nacionalización de las telecomunicaciones de Bolivia y repudió una
agresión de la transnacional Telecom contra el vecino país.
La reciente recuperación de la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones (Entel) por parte del gobierno del presidente Evo
Morales fue destacada como ejemplar en la declaración final del
encuentro paralelo a la V Cumbre de América Latina y el Caribe Unión
Europea (ALC-UE).
La medida, dice el documento, es un ejemplo de la necesaria
nacionalización de empresas estratégicas y de los recursos naturales,
que pertenecen a los pueblos, no a las transnacionales.
De otro lado, diversas organizaciones de las sociedades civiles de
América Latina y Europa participantes en la cumbre alternativa
condenaron el pedido de la empresa Telecom Italia, a la Corte de Nueva
York, Estados Unidos, de embargar las cuentas de Entel-Bolivia.
Esas agrupaciones firmaron una declaración que protesta por lo que
llama nueva agresión de Telecom Italia afectada por la
nacionalización- contra el pueblo boliviano.
Se trata de una medida, tomada en el marco de una demanda
internacional contra el Estado boliviano por la nacionalización y que
podría afectar considerablemente a uno de los países más empobrecidos
de América Latina, dice el pronunciamiento.
Destaca que el gobierno del presidente Evo Morales está revirtiendo
los efectos negativos del neoliberalismo aplicado en Bolivia desde
hace 23 años, que privatizó sectores económicos estratégicos.
La administración boliviana, agrega, recupera la soberanía del
pueblo boliviano sobre los sectores privatizados, para que contribuyan
al desarrollo del país.
Recuerda que en abril de 2007 Bolivia anunció la intención de
retomar el control de Entel de manera legal y mediante la negociación,
pero Telecom se negó y apeló a un arbitraje de un mecanismo del Banco
Mundial y exigió compensaciones por un daño ficticio.
La demanda ignora el hecho de que Bolivia se retiró de esa
jurisdicción por ser favorable a las transnacionales, así como el
incumplimiento de los compromisos de inversión de la transnacional
europea, que adeuda a Bolivia aproximadamente 82 millones de dólares
por impuestos impagos.