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Cumbre Social respalda a Bolivia frente a transnacional

LIMA, 16 de mayo (PL).— La Cumbre de los Pueblos euro-latinoamericana dio pleno respaldo a la nacionalización de las telecomunicaciones de Bolivia y repudió una agresión de la transnacional Telecom contra el vecino país.

La reciente recuperación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) por parte del gobierno del presidente Evo Morales fue destacada como ejemplar en la declaración final del encuentro paralelo a la V Cumbre de América Latina y el Caribe Unión Europea (ALC-UE).

La medida, dice el documento, es un ejemplo de la necesaria nacionalización de empresas estratégicas y de los recursos naturales, que pertenecen a los pueblos, no a las transnacionales.

De otro lado, diversas organizaciones de las sociedades civiles de América Latina y Europa participantes en la cumbre alternativa condenaron el pedido de la empresa Telecom Italia, a la Corte de Nueva York, Estados Unidos, de embargar las cuentas de Entel-Bolivia.

Esas agrupaciones firmaron una declaración que protesta por lo que llama nueva agresión de Telecom Italia afectada por la nacionalización- contra el pueblo boliviano.

Se trata de una medida, tomada en el marco de una demanda internacional contra el Estado boliviano por la nacionalización y que podría afectar considerablemente a uno de los países más empobrecidos de América Latina, dice el pronunciamiento.

Destaca que el gobierno del presidente Evo Morales está revirtiendo los efectos negativos del neoliberalismo aplicado en Bolivia desde hace 23 años, que privatizó sectores económicos estratégicos.

La administración boliviana, agrega, recupera la soberanía del pueblo boliviano sobre los sectores privatizados, para que contribuyan al desarrollo del país.

Recuerda que en abril de 2007 Bolivia anunció la intención de retomar el control de Entel de manera legal y mediante la negociación, pero Telecom se negó y apeló a un arbitraje de un mecanismo del Banco Mundial y exigió compensaciones por un daño ficticio.

La demanda ignora el hecho de que Bolivia se retiró de esa jurisdicción por ser favorable a las transnacionales, así como el incumplimiento de los compromisos de inversión de la transnacional europea, que adeuda a Bolivia aproximadamente 82 millones de dólares por impuestos impagos.

 

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