Este principio se aplica tanto a los reclusos de prisiones federales como a los indocumentados en centros de detención bajo jurisdicción de la oficina de Control de Inmigración y Aduanas, destaca el periódico en una editorial.

La publicación recuerda que los centros de detención se han caracterizado por una falta de humanidad con los detenidos gravemente enfermos que llegó incluso a conducirlos a la muerte.

Entre los casos cita el de Víctor Arellano, a quien le negaron medicinas para tratar el SIDA, y el de Francisco Castañeda, quien murió de cáncer por no recibir autorización para someterse a una biopsia imprescindible para su tratamiento.

La Opinión resalta el proyecto de ley presentado por la representante demócrata Zoe Lofgren, que exige un estándar obligatorio de atención médica, en lugar de las actuales normas voluntarias.

Asimismo, la iniciativa solicita al secretario de Seguridad Interna informar al Departamento de Justicia sobre las muertes en un lapso de 48 horas de acaecidas, además de dar un reporte anual al Congreso.

Esperamos que esta medida no caiga víctima del agrio debate migratorio, aquí el tema es lo que ocurre en las más de 300 prisiones y centros de detención dirigidos por el gobierno o empresas privadas, subraya el rotativo.

Recientemente, El Diario La Prensa llamó a los candidatos presidenciales y el resto de las autoridades estadounidenses a corregir la ineficiencia del sistema penitenciario nacional.

Por su parte, The New York Times destacó que con menos del cinco por ciento de la población mundial, Estados Unidos mantiene tras las rejas al 25 por ciento de los presos del orbe.